Junta tramita 17 expedientes sancionadores contra taxis pirata durante el primer semestre de 2015

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tramitado durante los seis primeros meses del año 17 expedientes sancionadores a taxis pirata de Almería por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización u ofertar y publicitar este tipo de servicios irregulares por diferentes vías.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tramitado durante los seis primeros meses del año 17 expedientes sancionadores a taxis pirata de Almería por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización u ofertar y publicitar este tipo de servicios irregulares por diferentes vías.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Junta, quienes han precisado que tres de estos expedientes ya se han resuelto con la imposición de sanción, mientras que los 14 procedimientos restantes iniciados se encuentran en tramitación. En los tres casos en los que se ha resuelto con sanción, las infracciones se han castigado con 1.380,01 euros cada una.

Estos procedimientos se derivan de la labor inspectora que desarrollan la Junta de Andalucía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte. De acuerdo con la normativa vigente, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, teniendo en cuenta aspectos como la reincidencia, la especial gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social.

La Junta ha recordado que el intrusismo en el sector del taxi tiene un doble perjuicio, ya que, por un lado, afecta a la seguridad vial y coloca al consumidor en una situación de desprotección e indefensión; y por otro, supone un grave menoscabo económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo a la normativa.

En ese sentido, los vehículos ilegales de transporte de viajeros no se ven sujetos a ningún control y sus conductores pueden no contar siquiera con el carné de conducir, mientras que un taxi oficial ha de someterse a una revisión anual mucho más exigente que la ITV rutinaria, con un conductor que ha de superar pruebas de capacitación y renovar su licencia también con una periodicidad anual. Además, en caso de siniestro en un taxi pirata, los usuarios no pueden beneficiarse de la cobertura del seguro obligatorio del automóvil.

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