El Ayuntamiento de Bilbao cierra cautelarmente la discoteca de Deusto donde fue degollada una mujer

  • Además se ha abierto un expediente sancionador por continuas infracciones.
  • La discoteca ha sido objeto de más de un centenar de actuaciones policiales.
  • En casi todos los casos fue por distintos hechos delictivos.

El Ayuntamiento de Bilbao ha decretado el cierre cautelar de la discoteca Fania-El Ranchito, ubicada en Deusto y donde el pasado domingo fue degollada una joven, según informó el Consistorio en una nota. El cierre fue comunicado hoy mismo a los propietarios del local, contra el que se ha abierto, además, un expediente sancionador por continuas infracciones de las ordenanzas municipales.

La clausura del establecimiento se mantendrá hasta la resolución del expediente sancionador, que se producirá en un plazo máximo de seis meses. Desde el año 2005, la discoteca Fania-El Ranchito ha sido objeto de más de un centenar de actuaciones policiales, tanto por parte de la Policía Municipal de Bilbao como de la Ertzaintza.

En la práctica totalidad de los casos, la actuación de la Policía ha venido motivada por distintos hechos delictivos contra la integridad física de las personas, contra la salud pública y contra la propiedad, que se materializaban frecuentemente en peleas, disputas, agresiones y amezanas y con personas heridas y tenencia y uso de armas ilegales.

Altercados

Los altercados tenían como escenario tanto el interior del establecimiento como la vía pública y afectaban "gravemente", según el Ayuntamiento, a la convivencia y a la seguridad ciudadana en la zona. La discoteca ha sido expedientada en dos ocasiones por el Area de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad. En ambos casos, los propietarios de la discoteca tuvieron que pagar sendas multas de 4.000 y 4.500 euros por tener bloqueadas las salidas de emergencia.

El Ayuntamiento ha iniciado también un expediente sancionador contra la titularidad de dicho local, por infracción grave de la normativa vigente en materia de seguridad en recinto de pública concurrencia. La resolución de este expediente sancionador se resolverá en un plazo máximo de seis meses. Las sanciones previstas para este tipo de casos pueden consistir en multa de hasta 30.000 euros, suspensión o prohibición de la actividad durante un año, inhabilitación para ejercer dicha actividad durante seis meses o clausura del local de hasta un año de duración.

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