La defensora del Pueblo de España está recabando información de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja "sobre el grado de incorporación a las nuevas líneas estratégicas de atención a la hepatitis C".
Además ha expuesto que "desea conocer cómo se encuentra el registro de pacientes, decisiones de coordinación que con los centros hospitalarios se hayan realizado y previsiones especificas de financiación de los medicamentos en esta comunidad".
Según explican en un comunicado de prensa, a demanda de la Plataforma de Afectados en La Rioja, "se nos ha informado de las actuaciones llevadas a cabo frente a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, para pautar la medicación a la población penitenciaria, en orden a que queden garantizados los derechos de los reclusos con hepatitis C a una asistencia sanitaria integral".
Igualmente expone en su comunicación, que los asegurados de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado MUFACE, "la defensoría tiene abierto un expediente y que está a la espera de un pronunciamiento de este organismo para conocer sus criterios".
La Plataforma de Afectados ha remitido una carta a la consejera de Salud de La Rioja, "en la que le manifiesta su contrariedad por las informaciones publicas ofrecidas, respecto a los tratamientos que contra la hepatitis C, se están realizando en La Rioja".
La diferencia fundamental "se encuentra en el número de afectados, y que se respalden declaraciones como: que se han tratado ya a unas 3.000 afectados y que hemos curado a muchísimos o no existen más pacientes con estadios de la enfermedad más altos". Resultan afirmaciones "nada científicas y poco serias, máxime cuando no se conoce la situación de la mitad de los afectados, al menos 2.400 riojanos, según la estadística".
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