El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía ha recibido numerosas alegaciones, por lo que "posiblemente vaya bastante modificada como proyecto" al Parlamento andaluz, ha asegurado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha destacado que "lo más importante es que la ley pretende universalizar el acceso al sistema público de servicios y garantiza la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social".

En una entrevista a Europa Press, la consejera ha destacado que aunque la ley tiene bastantes novedades, la más importante "será el carácter de universalidad de la misma", por lo que cada andaluz dispondrá de una tarjeta social que "le permitirá acceder al sistema y tener un profesional de referencia para cualquier necesidad que pueda tener".

En este sentido, señala que hasta ahora "se pensaba que los servicios sociales estaban solo como oferta para personas que tenían un problema social en un momento determinado, pero la ciudadanía no sentía que fuera un servicio al que alguna vez tuvieran que recurrir". Sin embargo, "a raíz de la crisis nos hemos dado cuenta de que esto no es así, y que gente de clase media ha tenido que hacer uso de la red de servicios sociales porque han tenido gran dificultad", asegura.

Sobre cómo se asignará dicha tarjeta, la consejera ha señalado que "se hará a demanda de los ciudadanos", pero "la idea es que se pudiera ofertar a la gente cuando entre por el sistema". "A los que ya están le daríamos su tarjeta y luego iríamos ampliando", añade Sánchez Rubio, que apunta también que "la idea sería que en un momento determinado el Diraya, la historia clínica electrónica, pudiera tener un apartado de historia social y se pudiera aprovechar toda la estructura de este sistema sanitario para gestionar la parte social".