El Comité Judicial del Senado llamó a declarar al vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, y a un alto funcionario de la Casa Blanca sobre documentos relacionados con el programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial, que reclama para antes del 18 de julio.

La semana pasada la Casa Blanca había declarado que esa documentación estaba "altamente clasificada" y "fuera de alcance".

El Comité también ha convocado a un funcionario del Departamento de Justicia y otro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informaron fuentes del Congreso.

Las citaciones para testificar fueron firmadas por el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy.

El Comité desea obtener información sobre las supuestas diferencias habidas en el seno del Gobierno del presidente George W. Bush sobre la legalidad de dichas escuchas.

La investigación

Las citaciones forman parte de la investigación que sigue el Comité Judicial del Senado en relación al despido de ocho fiscales federales de Estados Unidos.

En las cartas que acompañan las citaciones para declarar, Leahy señala que durante los "últimos 18 meses este Comité ha realizado no menos de nueve solicitudes formales al Departamento de Justicia y la Casa Blanca, en busca de información y documentos sobre su autorización (del programa) y la justificación legal del mismo".

"No hay ningún argumento legítimo para retener el material solicitado. La Administración no puede burlar los deberes constitucionales del Congreso con afirmaciones de secretismo y privilegio", dijo Leahy.

Hasta ahora el programa, instaurado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), permitía realizar ese espionaje sin una orden judicial, lo que llevó a legisladores y grupos de defensa de las libertades civiles a cuestionar su legitimidad.

Reacción de la Casa Blanca

En una primera reacción a las citaciones ante el Comité de la Cámara Alta, la Casa Blanca calificó de "desafortunada" la orden.

"Consideramos desafortunado que los demócratas en el Congreso hayan optado por el enfrentamiento. Este es un programa considerado ´altamente clasificado´ y que estaba específicamente diseñado para proteger las libertades civiles", dijo Dana Perino, una de sus portavoces.

A su vez, Tony Fratto, otro de los portavoces de la Casa Blanca, indicó que se "responderá adecuadamente" a las solicitudes.

Fratto también consideró "desafortunado" que los demócratas "continúen eligiendo el camino de la confrontación".

En caso de que así lo quisiera, Bush podría hacer uso de su poder ejecutivo para evitar entregar los documentos citados y mantenerlos secretos, así como impedir que testifiquen algunos de sus asesores.