El gobierno municipal, preocupado por el requerimiento de anular la convocatoria de plazas de funcionario

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, y el consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, se han reunido este jueves con el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, a quien han expresado su "preocupación" por el requerimiento realizado desde la Delegación del Gobierno, que solicita la anulación de la convocatoria de tres plazas de maestro de instalaciones deportivas correspondiente a la oferta del año 2009.
Ayuntamiento de Zaragoza
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EUROPA PRESS
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La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, y el consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, se han reunido este jueves con el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, a quien han expresado su "preocupación" por el requerimiento realizado desde la Delegación del Gobierno, que solicita la anulación de la convocatoria de tres plazas de maestro de instalaciones deportivas correspondiente a la oferta del año 2009.

En su argumentación, la Delegación del Gobierno se acoge a un defecto formal referido al plazo de vigencia de dicha oferta, que se habría sobrepasado, si bien desde el Ayuntamiento de Zaragoza han indicado que "cabrían, según distintas sentencias, diferentes interpretaciones legales" al respecto.

Desde el consistorio han apuntado que la reunión se ha celebrado "en un ambiente amable y en el que ambas partes han mostrado su voluntad de diálogo".

Las mismas fuentes han sostenido que el subdelegado del Gobierno ha puesto de manifiesto el respeto que, desde la institución que representa, se debe hacer a la legalidad vigente, "aspecto que, como no puede ser de otro modo, el Gobierno de Zaragoza respeta".

El requerimiento, según ha expresado, se centra en las ofertas posteriores a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007, que marca un límite de tres años para la consecución de cada oferta anual.

Sin embargo, el Gobierno de Zaragoza, además de insistir en su "preocupación por la medida", que podría afectar a 258 empleos, ha anunciado su voluntad de contestar negativamente al requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno, "manteniendo así su apuesta por la consolidación y creación de empleo público en el Ayuntamiento de la ciudad".

El consistorio de la capital aragonesa ha agregado que utilizará "los argumentos jurídicos a su alcance para intentar que no se paralice la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2009, lo que afectaría a 258 empleos citados".

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