El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-Ley que modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, con el objetivo de reforzar el derecho de participación de las entidades que intervienen en la prestación de este tipo de servicios, a través del desarrollo de modos de gestión como el concierto social o los convenios de colaboración.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha dicho que el objetivo es "garantizar los servicios que reciben las personas más vulnerables, mayores o menores de edad, que son dependientes o discapacitados".

El concierto social permitirá "agilizar los contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales para financiar los servicios que se prestan en centros de día para personas con discapacidad, residencias, pisos de acogida para personas en riesgo de exclusión, la protección de menores y la tutela de menores con medidas judiciales, entre otros", ha explicado.

Así, la normativa aprobada establece las cuatro formas de gestión de los servicios sociales. A los modos tradicionales, gestión directa e indirecta en el marco de la legislación de contratos, se añade ahora el concierto social con entidades privadas y los convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

Desde el IMAS, ha destacado Tomás, "se podrá hacer un concierto social con cada una de las entidades para que sigan gestionando los servicios a las personas dependientes".

De esta forma, la Administración regional puede encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras entidades que presten los servicios incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de concertación.

Más de 10.000 plazas de servicios sociales podrán acogerse al nuevo Decreto-Ley. De este total, 7.276 plazas corresponden a servicios que se prestan a personas mayores y personas con discapacidad, a las que se suman 200 en materia de protección de menores y otras 123 para menores con medidas judiciales.