El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha advertido este miércoles del "desconocimiento" por parte del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien ha pedido la rectificación de la suspensión de las ayudas al alquiler para personas desahuciadas, y ha destacado la coherencia política de su Departamento que ha anunciado una ampliación presupuestaria de 1,5 millones de euros para poder atender a todas las familias.

En declaraciones a Europa Press, el consejero ha apuntado que la medida en sí es positiva, pero "el número de demandas ha sido superior a lo previsto y se ha producido una insuficiencia de crédito", de ahí la ampliación presupuestaria.

Además, López ha reclamado "sacar el rifirafe político" el asunto de los desahucios que afecta a muchas familias y ha insistido en que la Junta ya está rectificando la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 12 de diciembre de 2014 "para poder atender a todas las familias que sufren este problema de primera magnitud".

Ha explicado que durante los ocho meses transcurridos desde la apertura de la orden, han sido más de 500 familias las que han presentado sus solicitudes, "lo que nos ha hecho tomar la decisión de ampliar el presupuesto para dar cobertura al cien por cien de las familias que así lo necesiten", ya que ahora la dotación económica es de 3,37 millones.

"Nuestro objetivo es que ninguna familia se quede fuera y todos los que cumplan los requisitos puedan contar con unas ayudas que les permitirá disfrutar de una vivienda digna en los próximos tres años", ha insistido el consejero.

La suspensión temporal de la orden de ayudas a familias desahucias —y no la de su anulación— tiene como objetivo garantizar la atención a todas las peticiones presentadas, así como la posibilidad de levantar la suspensión, una vez ampliado el presupuesto, y continuar la gestión de las solicitudes sin necesidad de redactar y aprobar una nueva.

Estas ayudas vienen a dar respuesta a las personas desahuciadas que no podían beneficiarse de la aplicación de la Ley sobre la Función Social de la Vivienda al resultar suspendida por el recurso planteado por el Gobierno del Estado a esta norma ante el Tribunal Constitucional.