Castilla y León es la autonomía que obtiene la mejor puntuación en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, un 9,6, mientras que once comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla suspenden y no pasan del 5, según los datos del XV Observatorio de la Dependencia que se han hecho públicos este miércoles y que han sido recogidos por Europa Press.

A pesar de que Castilla y León vuelve a encabezar la clasificación en este XV Observatorio, la puntación ha descendido respecto a la nota conseguida en el último informe, que data de diciembre de 2014, cuando la Comunidad alcanzó por primera vez la máxima nota en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, con un 10.

Castilla y León es la única comunidad que ha completado la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia con la incorporación, el 1 de julio, de los dependientes moderados, y con una atención cercana al 100 por cien.

Así, las comunidades que suspenden en el tratamiento de la dependencia son Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria, Galicia, Baleares, Aragón, Canarias, Murcia y Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las tres comunidades que consiguen un notable son Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50), mientras que otras dos se mueven entre el aprobado y el notable, concretamente Extremadura (6,67) y La Rioja (6,67). Asimismo, rozan el aprobado, con nota del 4,58, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Galicia y Cantabria, y suspenden Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia (3,75), Madrid (3,33) y Valencia (1,25).

A la hora de realizar la escala de valoración del desarrollo de la Ley, el Observatorio tiene diferentes variables como las personas atendidas sobre el total de población; las solicitudes sobre el total de población; los dictámenes; las personas pendientes de prestación de servicio; el equilibrio entre las prestaciones y los servicios; la integración de la red local de servicios sociales; el incremento de personas atendidas en los últimos doce meses; la aportación de cada comunidad por habitante y año; el incremento o pérdida de expedientes de grado III; la innovación y buenas prácticas; la información en tiempo real y el modelo de seguimiento.

En cada una de estas variables el Observatorio concede un 1 como máxima puntuación y un cero como mínima puntuación, y Castilla y León obtiene un 1 en todas ellas excepto en la que tienen que ver con el incremento o pérdida interanual de expedientes de Grado III, ya que obtiene un 0,5. El resultado final es de 11,5 puntos, que extrapolado a una nota del 1 al 10 da a Castilla y León un 9,6.—-

El informe destaca que Castilla y León ha sido modélica en agilidad y el hecho de no tener lista de espera podría permitir a la Comunidad acercarse al cumplimiento del objetivo de atender a la totalidad de dependientes al iniciarse 2016.

En cuanto a la financiación del sistema en 2014, el coste estimado en Castilla y León es de 499,42 millones de euros, de los que el 78 por ciento son aportados por la propia comunidad autónoma y el 22 restante por la Administración General del Estado.

El número de solicitudes a 30 de junio de este año era de 109.954, un incremento de 1,11 por ciento respecto al 1 de julio de 2014, es decir, 1.206 solicitudes más, mientras que las personas valoradas eran 105.890 en junio de este año frente a las 103.033 de hace un año, una subida del 2,77 por ciento.

Las personas con derecho a prestación a 30 de junio de este año eran 62.595, 38 más que hace un año, mientras que las personas atendidas fueron 62.117, frente a las 61.828 de hace un año, un incremento del 0,47 por ciento.