El Gobierno vasco ha presentado un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre la orden del Ejecutivo central que aprueba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, ya que, según ha denunciado, incluye tramos de Euskadi en "un último intento de bloquear la transferencia de ferrocarriles".

Según ha explicado en un comunicado el Departamento vasco de Justicia y Administración Pública, el Gobierno vasco ha decidido recurrir al Constitucional tras "recibir respuesta negativa" del Ejecutivo español a su requerimiento para que "corrigiera su normativa".

El Gobierno de Euskadi ha censurado que, con esta 'Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General', el Gobierno de Mariano Rajoy incluye "por segunda vez en esta legislatura" tramos ferroviarios que transcurren por Euskadi en su catálogo de líneas de "interés general".

A su entender, esta situación supone "de facto un bloqueo permanente de las transferencias en materia de ferrocarriles y de obras públicas de los artículos 10.32 y 10.33 del Estatuto de Gernika".

El Ejecutivo vasco ha señalado que la catalogación de "interés general" por parte del Estado implica que esos tramos ferroviarios "tienen que ser gestionados por organismos dependientes de la Administración General del Estado como Renfe o Adif".

En su opinión, "esta obligatoriedad es un exceso injustificado y reiterativo del Gobierno español porque hay doctrina del Tribunal Constitucional muy clara, que considera que, en materia de líneas ferroviarias, debe primar el criterio territorial; esto es, las infraestructuras que transcurran íntegramente por la comunidad autónoma corresponden a ésta".

El Gabinete de Iñigo Urkullu ha denunciado que todas las líneas incluidas en este catálogo, tanto las de transporte de pasajeros como de mercancías, "discurren íntegramente por territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi" y, por lo tanto, "son tramos cuyo interés supra-autonómico no está justificado y que, en absoluto, resultan esenciales para garantizar un sistema común de transporte estatal".

En concreto, las líneas sobre las que se cuestiona su catalogación como de "interés general" son los trazados de pasajeros Irun-Brinkola, Bilbao Abando-Santurtzi, Desertu Barakaldo-Muskiz, Hospital de Basurto/Bilbao-Ariz, Bilbao La Concordia-Irauregi, Irauregi-Lutxana/Barakaldo y Bilbao-Balmaseda. En el caso del transporte de mercancías, las líneas afectadas son las de Bilbao-Santurtzi, Puerto Pasaia y Puerto Bilbao.

Conflictos y recursos

En lo que va de legislatura, el Gobierno vasco ha presentado cinco conflictos positivos de competencias, conflictos que se presentan ante el Constitucional cuando lo que se recurre es normativa que no tiene rango de Ley.

Entre estos conflictos, se encuentra el del Real Decreto 1506/12, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.

También han sido presentados conflictos sobre el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Asismismo, ha interpuesto ante el Constitucional doce recursos de inconstitucionalidad, medida que se realiza cuando la normativa que se recurre tiene rango de ley. Entre otras, han sido recurridas por Euskadi la Ley 15/2014, de 15 de octubre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, y Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

También se han recurrido en esta legislatura la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

A estas normativas, se suman el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero por el que se prorroga el programa de recalificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, la Ley española de Presupuestos 2012 y la de 2013, y el Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Además, han sido recurridos el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero y Ley 11/2013, de 26 de Julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de creación de empleo, el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, y el Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.