El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para determinar si hubo un retraso injustificado en la compra de inhibidores para los vehículos del Ejército desplazados hasta Líbano, según publica El País.

El motivo es que el BMR (Blindado Mecanizado de Ruedas) en el que viajaban y murieron los seis soldados del Ejército tras la explosión de un coche bomba el pasado domingo, no disponía de este sistema que neutraliza los artefactos activados por control remoto.

El País reconoce que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, ordenó el 7 de noviembre del pasado año "dotar cuanto antes" de "medios contra artefactos improvisados" a los vehículos de la misión de Líbano.

Esa orden incluía la adquisición de 70 inhibidores del modelo PAGM2 y fue remitida a Carlos Villar, jefe del Estado Mayor del Ejército.

Villar pasó la orden a su División de Logística, el pasado 15 de noviembre.

Según una nota publicada ayer, se optó por un procedimiento negociado sin publicidad "para agilizar los trámites" y recibir el material con la mayor prontitud posible, por lo que se entregó un millón de euros como anticipo.

En la misma nota, de la que se hace eco el diario, alega que la recepción "comenzó el pasado 29 de mayo y finalizará esta misma semana".

Se desconoce si el tiempo transcurrido desde que se dio la orden hasta que se recibieron los equipos (más de seis meses) se debe al plazo previsto o a falta de diligencia.

El lunes, José Antonio Alonso tendrá que responder a esta pregunta, entre otras, cuando comparezca ante la Comisión de Defensa del Congreso.