Podemos Asturies y Xixón Sí Puede han advertido este viernes que la Fiscalía Anticorrupción ha señalado en su último informe posibles responsabilidades tanto de los miembros del Consejo de Administración del puerto de El Musel como la empresa Tudela Veguín y el Grupo Masaveu. El documento pide la imputación del exacalde de Carreño, Ángel Riego, así como de varios representantes de la cementera y de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres.

La vicealcaldesa de Oviedo y abogada personada en este proceso, que investiga las posibles irregularidades vinculadas con los sobrecostes de la ampliación de puerto gijonés, Ana Taboada, ha informado de estas cuestiones en una rueda de prensa. Han comparecido también la concejala de Xixón Sí Puede, Nuria Rodríguez, y el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa.

Este último ha señalado la del exalcalde, Ángel Riego, como la primera petición de imputación que afecta a un miembro del Consejo de Administración (lo fue hasta el año 2015). Ha dado a entender que podría no ser la última y que puede haber "relevancia penal" en las diferentes actuaciones.

Actuaciones contradictorias

Del exprimer edil, la Fiscalía ha observado actuaciones "contradictorias". Entre otras cosas, explica que apoyó en el Consejo la adjudicación de las obras de ampliación del puerto, que afectaban directamente a la cantera de El Perecil, que posteriormente no pudo ser utilizada porque el Ayuntamiento de Carreño suspendió el otorgamiento de licencias. La Fiscalía cree que se trataría de un delito de prevaricación.

En este punto, Nuria Rodríguez ha justificado la negativa de Xixón Sí Puede a llegar a un acuerdo de investidura como alcalde del candidato socialista al Ayuntamiento gijonés, basándos en que "ya hay una persona imputada" del PSOE, y dando por hecho que habrá más responsabilidades políticas.

Por otra parte, junto con riego, la Fiscalía pide que se impute al gerente de la UTE Dique Torres, David López Navarrete (previamente citado como testigo), al apoderado que firmó los contratos con la UTE en representación de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz, al gerente que actuó en representación de la ute Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez, y al posterior gerente de la UTE Isidro Alonso Sierra, tras dejar la gerencia Juan Miguel Pérez Rodríguez.

Contratos entre tudela y la ute

Según ha explicado Taboada, la Fiscalía quieren profundizar en las "relaciones entre la UTE y Tudela Veguín". La abogada afirma que existe la sospecha de que Dique Torres efectuó obras "sin facturar" o cuyos importes "no han sido declarados" en Tudela Veguín, es decir, "inversiones", o lo que posteriormente Ripa ha definido como "pagos en especies". "Formaba parte del acuerdo de envío de materiales pétreos" de la cantera de Tudela Veguín, según ha explicado la videalcaldesa de Oviedo. Obras que, según ha estimado a partir de las declaraciones realizadas hasta ahora, podrían superar los 80 millones de euros.

Por este asunto, ha explicado la letrada, la Fiscalía solicita que "se remitan todos los acuerdos firmados entre Tudela Veguín y Dique Torres o sus empresas", así como "otra pericial sobre la determinación de diversos materiales". Se señala además la "la posible ocultación por parte de la Autoridad Portuaria documentación, o la elaboración de documentos ad hoc".

Taboada afirma que la Fiscalía amplía la investigación porque considera también que pueden existir los delitos de "fraude y exacciones ilegales, falsedad documento oficial y fraude la Hacienda Pública". Asimismo, explica que se alude a posibles "falsas informaciones de la UTE sobre el número de transportes", por lo que se solicita "la testifical de los investigadores de la OLAF", ante este "descontrol absoluto sobre el material que entraba, el pesaje y el duplicado de camiones".

"Se trata de una causa muy compleja que afecta a diferentes instituciones y empresas", ha explicado la abogada. Según su punto de vista, "la falta de control absoluto en cómo se han llevado a cabo los trabajos y la falta de interés del Consejo de Administración ha sido lo que ha conllevado estos sobrecostes tan elevados", en los que considera que existen "intereses privados claros".