La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) y los sindicatos UGT y CC.OO han suscrito hoy su primer convenio bilateral en materia de salarios con el objetivo de que los procesos de negociación colectiva entre 2015 y 2017 sigan las directrices del III Acuerdo Para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) aprobado el pasado mayo en el ámbito estatal, que contempla incrementos de entre el 1 y el 1,5 por ciento.

El acuerdo ha sido escenificado esta tarde en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en un clima caracterizado por la satisfacción compartida por los suscriptores del mismo, el presidente de la patronal castellanoleonesa, Santiago Aparicio, y los líderes regionales de UGT y CC.OO, Agustín Prieto y Ángel Hernández, quienes han coincidido al señalar, en palabras de este último, que "en estos cuatro meses se ha avanzado más que en los diez años anteriores en materia de negociación bilateral".

Los tres dirigentes hacían referencia así al inicial acuerdo del día 30 de marzo en materia de negociación colectiva centrado, fundamentalmente, en la búsqueda de soluciones para aquellos convenios que habían perdido su vigencia, cuestión en la que según Hernández se ha avanzado bastante, y en el compromiso de analizar aquellos sectores que no están cubiertos por este tipo de marcos, capítulo este último en el que se comenzará a trabajar en septiembre.

En este contexto, Cecale, UGT y CC.OO han dado ahora un paso más y han firmado una transposición del

Iii aenc nacional, que permite incrementos salariales teniendo en cuenta las circunstancias específicas en cada ámbito, con el fin de recomendar a los negociadores de los convenios en Castilla y León que se hagan eco de su contenido para, en los próximos tres años, "lograr que los salarios medios de esta comunidad puedan converger no sólo con los del resto del Estado sino también con Europa", ha explicado Hernández.

"El documento que suscribimos es de carácter político y contiene orientaciones para los negociadores en materia de negociación colectiva para que en estos tres próximos años seamos capaces de incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores de Castilla y León", ha incidido el líder de CC.OO.

En la misma línea, su homólogo en UGT, Agustín Prieto, y el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, han subrayado que hasta la fecha, al margen del Diálogo Social, patronal y sindicatos no habían sido capaces de llegar en la última década a acuerdo bilateral alguno—el presente sobre salarios es el primero en su historia—y por eso se han mostrado satisfechos ante el inicio de una senda de colaboración que, según ambos, será crucial para mejorar la economía y el consumo en Castilla y León.

Conflictos individulaes en el serla

Pero además, la patronal y ambas organizaciones sindicales se han felicitado igualmente por el clima de sintonía existente respecto del intento de revitalización del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León para, por un lado, lograr una mediación del mismo al objeto de evitar que los convenios mueran y, fundamentalmente, para resolver también los conflictos individuales de los trabajadores.

Dicha posibilidad, respaldada hoy de forma unánime por la Junta Directiva de Cecale, tendrá que ser ahora trasladada a la mesa de Administración autonómica con el fin de que dote al Serla del presupuesto necesario para poder mediar en los conflictos individuales de los empleados, tal y como ha advertido Hernández, quien ha destacado que esa nueva labor del referido servicio se traducirá en una importante reducción de la judicialización de los conflictos laborales y, por ende, se traducirá en un gran ahorro económico para la Administración de Justicia.

Dado que el ahorro beneficiaría a la Administración estatal, el líder de UGT entiende que el Ejecutivo autonómico estaría en disposición de negociar algún tipo de compensación económica.

La nueva atribución del Serla como mediador de conflictos individuales es también vista con buenos ojos por Aparicio, quien ha recordado que el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), que ya realiza tal cometido, ha obtenido hasta un ahorro de 24 millones de euros derivados de su mediación en unos 8.000 casos que habrían supuesto un gasto medio de 3.000 euros por cada uno.

"El modelo de Zaragoza tiene una media de resolución de cinco días y con un coste muy reducido", ha añadido Aparicio, quien ha confesado que si de él dependiera trasladaría el SAMA a Castilla y León con su configuración actual.