Cataluña y la Comunidad Valenciana ya han avisado de que será imposible que las comunidades autónomas cumplan con el objetivo global de déficit del 0,3 por ciento en 2016 que les ha asignado el Gobierno, una cifra que sí han apoyado las autonomías gobernadas por el PP, que defienden la senda de estabilidad como única forma de recuperación económica.

Así lo han sostenido después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya confirmado este miércoles que todas las comunidades deberán cumplir con un déficit del 0,3 por ciento el próximo año. Esta distribución ha salido adelante gracias al voto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el apoyo de las cinco comunidades gobernadas por el PP.

"Es poner unos topes por cumplir un trámite, pero no se adecua a la realidad", ha adelantado el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, que ha dejado claro que, al menos en el caso de su comunidad, esa cifra es inasumible. Sin embargo, ha puntualizado que el incumplimiento no será "por falta de ganas" sino por una mala financiación.

"Nos hubiera encantado cumplir, pero con los datos que tenemos es imposible si no es sacando a los niños de las escuelas", ha insistido exigiendo al Gobierno que acometa una reforma de la financiación autonómica para poner fin a los problemas estructurales que sufren muchas comunidades.

También el consejero catalán, Andreu Mas-Colell, ha avisado de que el objetivo del 0,3 por ciento no se cumplirá en 2016 y ha criticado que se establezcan objetivos "que se sabe de entrada que no son realizables". Para superar esta situación, Cataluña no defendía una distribución asimétrica de los objetivos de déficit entre las comunidades, sino revisar el reparto entre la administración central del Estado y las autonomías.

"En este sentido, no ha habido sorpresas", ha lamentado sobre la posición del Gobierno impidiendo que se encargue a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio sobre el reparto vertical del déficit, una propuesta que había sumado el apoyo de hasta once comunidades autónomas.

También se han mostrado en contra del objetivo del 0,3 por ciento los consejeros de Extremadura y Castilla-La Mancha, que han insistido en la necesidad de un reparto más "equitativo" entre la administración central y las comunidades autónomas. "Es injusto", ha resumido la consejera extremeña, Pilar Blanco-Morales, a la vez que su homólogo castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz, acusaba al ministro de "rigidez" y "oscurantismo".

Entregas a cuenta condicionadas

Ambos han negado también que este objetivo de déficit se vea aliviado por el importe que recibirán las autonomías de los anticipos a cuenta y la liquidación del ejercicio de 2014. "Es falso trasladar que habrá más dinero a disposición de los ciudadanos, es dinero que pertenece a las comunidades autónomas", ha sostenido Blanco-Morales.

Además, el consejero de Castilla-La Mancha ha mostrado su "temor" de esas entregas a cuenta tengan que dedicarse a amortización anticipada de la deuda. Esta queja también la ha manifestado la consejera de Andalucía, María Jesús Montero, que ha censurado que, en cumplimiento de la regla de gasto las autonomías, ese dinero esté condicionado y no pueda destinarse a inversiones para mejorar servicios o generar empleo. En el mismo sentido, la consejera canaria, Rosa Dávila, ha explicado que su objetivo era poder aumentar su presupuesto para beneficiarse de su crecimiento económico, un planteamiento rechazado por el ministro.

También el consejero de Hacienda de Aragón y desde este viernes vicepresidente del CPFF, Fernando Gimeno, considera que se trata de una distribución "injusta" porque "el esfuerzo fiscal del estado ha sido mucho menor que el de las autonomías, obligadas a recortar en servicios esenciales para los ciudadanos".

Asimismo, el consejero de Aragón ha insistido en que, en su opinión, el Gobierno ha generado en la ciudadanía la sensación de que hay más dinero destinado a invertir en servicios públicos y que ahora tendrán que ser los presidentes autonómicos los que tendrán "que decir que no". Según Gimeno, el propio ministro de Hacienda ha explicado que ese dinero está destinado a "reducir el déficit" .

En la misma línea, la consejera balear, Catalina Cladera, ha explicado que está en contra tanto del objetivo de déficit del 0,3% como de que no se haga un reparto asimétrico. Cladera ha calificado el objetivo de "bastante irreal y bastante incumplible" tras la el CPFF de este viernes y se ha quejado de la "infrafinaciación" que sufren algunas autonomías como Baleares por parte de la Administración Central.

PP:

Hay que continuar en la senda de estabilidad

No comparten la misma postura las comunidades gobernadas por el PP, que sostienen la necesidad de cumplir con los objetivos de estabilidad. Por ejemplo, el consejero murciano de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, ha votado en el mismo sentido que el Gobierno central porque considera que establecer un objetivo de déficit del 0,3% para el próximo año supone "abundar en la senda de estabilidad", lo cual ha sido "muy productivo para España".

Además, ha destacado que las comunidades recibirán en 2016 una financiación que en el caso de Murcia supondrá 253 millones más que en el año anterior. A los consejeros críticos con el objetivo de déficit fijado, les ha dicho que el objetivo de 2016 respecto al de 2015 desciende 0,4 puntos, mientras que la financiación aumenta en 0,8 o 0,9 puntos: "Por lo tanto, supone recibir más del doble de lo que vamos a tener que ajustar".

Por su parte, el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Valeriano Martínez, ha resaltado que las entregas a cuenta que se han hecho en aplicación del sistema de financiación suponen, en general, "un incremento muy importante" para las comunidades autónomas, en un contexto en el que ya "se habla de consolidar el crecimiento, no de recesión".

Respecto a la posibilidad de hacer un reparto asimétrico del objetivo de déficit entre las distintas regiones, ha dicho que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo nunca ha estado a favor. "Llevamos seis años demostrando que es posible, con muchísimo esfuerzo, lograr los objetivos de déficit", ha afirmado, destacando que ahora, con las entregas a cuenta, será más fácil cumplir.

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha respaldado la propuesta del ministro Cristóbal Montoro de aplicar un reparto simétrico entre todas las comunidades autónomas a pesar de que, como ha insistido, el 0,3% para 2016 le siga pareciendo excesivo.

En cualquier caso, ha recordado que muchas comunidades han recibido un apoyo "especial" del Gobierno y por ello "cuentan de hecho con un régimen de déficit asimétrico en la medida de que algunas se ahorran hasta 2.000 millones de euros en 2016 en intereses porque el Estado las financia, frente a los 20 que se ahorra Castilla y León, con lo que, evidentemente, van a tener más margen para cumplir el objetivo". En lo que sí ha incidido es en la necesidad de contar con un nuevo sistema de financiación autonómica porque cree que el que está vigente perjudica a su comunidad.

También se ha manifestado a favor del reparto simétrico del objetivo de déficit la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, porque "reconoce el esfuerzo" que "siempre" ha hecho Madrid por cumplir y porque continuar en la senda de la estabilidad económica ha permitido superar "la crisis más importante que se ha vivido en la democracia".