El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, una vez recibida la querella en nombre de Manos Limpias contra el fiscal jefe de Talavera de la Reina, Ángenl Demetrio de la Cruz, ha dado cinco días al sindicato para "acreditar la personalidad jurídica de la entidad querellante y la capacidad procesal de la misma para la interposición de la querella".

Según ha informado el Alto Tribunal en un comunicado, se solicita además a Manos Limpias identificar a la persona y órgano de la persona jurídica que ha tomado la decisión de interponer la querella y que justifique que cuenta con capacidad de acuerdo con sus estatutos para dicha decisión.

Igualmente, pide la presentación de poder especial, necesario para la interposición de la referida querella. En caso de que cumpla el plazo y no se cumpla este requerimiento, podría dar por archivada la causa.

La querella

El sindicato presentaba este martes una querella contra el fiscal jefe de Talavera de la Reina, Ángel de la Cruz; la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo, Cristina Peño; y contra el marido de ésta, Santiago Ramos, "por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio".

En la querella, recogida por Europa Press, el sindicato de funcionarios explica que viene motivada a raíz de la denuncia del Juez Decano de Talavera, Fernando Presencia, que han derivado en el inicio de las investigaciones de la Fiscalía de Castilla-La Mancha de los hechos denunciados.

El Juez Decano indicaba en su denuncia que cuando tomó posesión de su cargo tuvo conocimiento de un "entramado de corrupción en torno a las actuaciones del fiscal jefe", que según Manos Limpias "trató de encubrir su participación delictiva" en un "pelotazo urbanístico" en la localidad de Pepino del que presuntamente se benefició.

Manos Limpias asegura que ha tenido conocimiento de que un amigo del fiscal jefe contra el que se querellan constituyó una empresa en 2005 que adquirió los terrenos denominados 'El Chaparral', participando a juicio del sindicato en "un sospechoso concurso público", que explica aseverando que el alcalde de Pepino otorgó "ilegalmente" licencia de obras en el terreno pese a no estar permitida la construcción por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Tras esta prohibición, añade el texto, el ahora denunciado actuó como fiscal en la causa, y no consideró que hubiera infracción urbanística, ocultando "maliciosamente" según el juez decano que él era propietario de una de las fincas.