El Ayuntamiento de Madrid no venderá hasta 2.086 viviendas de alquiler de la EMVS a fondos buitre y paraliza los 70 procesos de desahucio previstos, según ha anunciado la alcaldesa, Manuela Carmena, tras reunirse este martes con la plataforma 'Yo no me voy'. Esta asociación está impulsada por más de 220 vecinos afectados repartidos en cinco inmuebles del distrito Centro.

Como publicó 20minutos en junio, los beneficiarios de los alquileres sociales de la EMVS de toda la ciudad empezaron a recibir avisos y visitas en 2012 informándoles de que no se les renovarían los contratos, algo que se hacía automáticamente cada dos años si cumplían dos requisitos, no superar una determinada renta familiar y no tener un bien inmueble de su propiedad en la Comunidad de Madrid, como recoge el Decreto 100/86. En total son 2.086 contratos de este tipo distribuidos por los 21 distritos de la ciudad.

La EMVS empezó a realizar procedimientos de desahucios contra los que se resistían a salir de las viviendas alquiladas. "Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución", ha asegurado Carmena. El compromiso de la EMVS se extiende a las 2.086 viviendas.

Una de las inquilinas que estaba sufriendo presiones es Carmen, residente en Ribera de Curtidores (Centro): "Nos sentimos muy contentos. Es una alegría. Pensábamos que ya estábamos en la calle, pero hemos luchado mucho y al final podremos conservar nuestras casas", explicaba este martes en conversación con 20minutos. El presidente de la asociación 'Yo no me voy', Alberto Romeral, también está satisfecho con la decisión municipal: "El anterior ayuntamiento nos estaba haciendo la vida imposible para conseguir vaciar las fincas y poder venderlas. Nos presionaban incluso con amenazas y aquí vive gente muy mayor, hasta con 80 años, y con una salud muy precaria. Lo estaban pasando mal, pero a base de plantarles cara hemos conseguido ganar".

Carmena ha transmitido tranquilidad a los titulares de los 2.086 contratos restantes afectados por la intención de la anterior Corporación de vender sus viviendas públicas. "Hay muchos vecinos desorientados", ha lamentado la primera edil, después de asegurarles que "sus pisos no se van a vender".

Manuela Carmena ha detallado que el Ayuntamiento está "localizando" a los vecinos que ahora mismo están "desorientados" pensando que no continuarán sus contratos sociales y que sus pisos se van a vender. Les explicarán que el contrato "es válido y no perderán sus viviendas". La regidora no ha obviado la "inmensa angustia" por la que han pasado estos inquilinos tras encontrarse que tenían que abanadonar una casa en la que habían vivido más de 20 años.

"Se nos ponen los pelos como escarpias al ver la agilidad de los nuevos mandatarios", ha confesado Romeral, que ha agradecido el trato recibido tanto por la alcaldesa como por los nuevos directivos de la EMVS, en contraposición con el recibido por la anterior Corporación. "En dos años y ocho meses (la exalcaldesa) Ana Botella no fue capaz de recibirnos ni una vez, nos ignoró totalmente y la EMVS algo parecido", ha descrito.

Les hacían sentir "incómodos", ha apuntado, por lo que no querían "saber nada" de su problemática. "Malas caras", "malos modos" y "acoso" han sido algunas de las palabras que ha utilizado Romeral, que no ha dudado en calificar a los anteriores responsables municipales de "señores feudales" al considerar que el patrimonio público era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran, como "venderlo a un fondo buitre".

El abogado de la plataforma, Endika Zuloeta, ha explicado que el Ayuntamiento, desde los años 80, renovaba los contratos sociales cada dos años de manera automática si se cumplían los requisitos. En 2012, sin embargo, "decidieron que esos contratos estaban terminados y les hostigaron para vender sus inmuebles".

"Los vecinos pueden estar tranquilos en sus inmuebles", ha asegurado el abogado. Zuloeta ha puesto el acento en que parezca "casi una revolución" que una Administración pública "cumpla lo que dice la Constitución, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna".