La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Igualdad y contra los delitos de odio de Cádiz el caso del hombre transexual de San Fernando al que el Obispado de Cádiz y Ceuta no permite ejercer como padrino de su sobrino "por si fuera constitutivo de delito".

"De nuevo la Iglesia excluye, discrimina y maltrata a las personas transexuales", señala ATA, que lamenta que esgrimiendo "no ser considerado idóneo por su estilo de vida, criterios o incongruencia con la vida cristiana y las disposiciones de la Iglesia", el obispado ha negado la posibilidad de ser padrino de su sobrino a Alexander por el hecho de ser transexual.

"Los derechos de los ciudadanos y las Leyes que les ampara no son los mismos para las personas transexuales como así lo evidencia la actitud de la Iglesia en este caso", que "es un atentado contra los derechos fundamentales al excluir a una persona por su identidad sexual y de género", señala ATA a través de un comunicado.

En este sentido recuerda que cuando una persona realiza la rectificación registral de su nombre y sexo, esto no supone una perdida de derechos como así lo indica la propia Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que en su artículo 5.2 dice: "La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición".

Por otro lado, a juicio de ATA, el hecho de ofrecer a Alexander la opción de ser su padrino espiritual "es el colmo de la hipocresía dado que, no es considerado idóneo para apadrinar a su sobrino formalmente pero se acepta que lo haga desde la invisibilidad".

Así, la asociación asegura que la Iglesia "se aleja de la realidad y vulnera derechos fundamentales" a personas que pertenecen a colectivos vulnerables como son las personas transexuales, por lo que "claramente es un acto de transfobia y de vulneración de derechos fundamentales y la Fiscalía de Igualdad y contra los delitos de odio de Cádiz tendrá que tomar partido en este caso".

Según la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, "las leyes de la Iglesia no pueden vulnerar una norma de rango estatal superior, máxime cuando se nutre económicamente de dinero público" y añade que "si la Iglesia quiere imponer su moral deben mirar hacia dentro e impedir que sacerdotes acusados de pederastia sigan dando la comunión y ejerciendo sus funciones". "Esto si que es inmoral", añade.

Del mismo modo, Cambrollé ve "urgente" una Ley Andaluza contra los delitos hacia el colectivo LGTBI para que este tipo de casos "no queden impunes", concluye.