El equipo de Gobierno de Santander (PP) presentará una moción al Pleno de la Corporación, que se celebra este jueves, para instar al Gobierno de Cantabria a que revise la Ley del Suelo en lo referente al derecho de realojo y retorno de los afectados por desarrollos urbanísticos, cumpliendo así con el compromiso del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, hacia los vecinos de la zona de El Pilón, con cuyos representantes se reunió el pasado viernes.

En un comunicado, el edil ha recordado que ya anunció entonces que el equipo de Gobierno instaría al Ejecutivo regional a modificar la normativa autonómica puesto que cualquier propuesta de mejora de las condiciones para los propietarios de viviendas que constituyan su residencia habitual, en caso de desarrollo de ésta y de otras actuaciones, pasa por la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria.

Una modificación que "no está al alcance del Ayuntamiento" que, hasta entonces, está obligado a cumplir la legislación en vigor, ha remarcado.

Díaz ha avanzado que, por ese motivo, el equipo de Gobierno planteará en el Pleno del jueves una moción para instar al Gobierno de Cantabria a que proceda con carácter urgente a regular en la legislación autonómica los derechos de realojo y retorno como consecuencia de las actuaciones urbanísticas, aportando seguridad jurídica, justicia social y equidad en estos procesos.

Para el edil, la falta de regulación en la legislación urbanística autonómica de Cantabria de los derechos de realojo y retorno en las actuaciones urbanísticas que se desarrollen por los sistemas de compensación y cooperación, necesaria a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo que cercenó el intento del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, conlleva una situación anómala que limita o invalida el reconocimiento de dichos derechos establecidos en dicha legislación estatal.

"Un problema de técnica jurídica y competencial produce un serio problema de justicia social de difícil comprensión por el ciudadano, como es el diferente tratamiento de un derecho según la técnica de gestión urbanística elegida por el planeamiento", apunta el equipo de gobierno en su moción.

Además, considera que la regulación que hace de esos derechos la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas ha de considerarse con las mismas limitaciones, dada la naturaleza estatal de la norma.

Por ello, el PP entiende que la situación descrita debe de ser solucionada con la aprobación de una legislación autonómica que regule, en el ámbito de Cantabria, la extensión de los derechos de realojo y retorno de las personas afectadas por desarrollos urbanísticos, con una claridad y precisión suficiente para desarrollar políticas de regeneración de entornos urbanos en un clima de seguridad jurídica, justicia social y equidad.