La portavoz adjunta de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Honorato, preguntará este viernes en el pleno sobre los avances que el Gobierno municipal socialista ha llevado a cabo para poner en marcha el Plan de Emergencia Social contra la pobreza energética asumido en el Acuerdo de Investidura entre Participa y PSOE.

En dicho acuerdo, según Participa, se articulan varias medidas con objeto de facilitar el acceso a los suministros básicos (agua, luz y agua) de las familias con necesidades acreditadas por los servicios sociales. Precisamente, el acuerdo que facilitó la investidura de Juan Espadas comenzaba con este punto, lo que evidencia la importancia que para Participa tiene esta cuestión. Los datos de los que dispone Participa hablan de 28.000 hogares en situación de pobreza energética en la ciudad de Sevilla, con 2.200 cortes de suministros de agua en 2014, "una realidad que se agrava, más si cabe, estos días por las duras condiciones meteorológicas del verano en nuestra ciudad", afirma Honorato.

La concejal de Participa recuerda que en 2010, la ONU declaró el derecho al agua potable como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. "Algo que se incumple en nuestra ciudad", como le contó una familia de Bellavista, hace tan sólo una semana. Alejandro, Macarena y su hija Nayara, de tan sólo cuatro años, están "sin agua desde enero de este año, a pesar de tener luz y teléfono" en su casa. "EMASESA decidió cortarles el suministro por un problema administrativo y se niegan en rotundo a facilitarles este servicio".

"Cada dos días tenemos que ir a una fuente y rellenar garrafas con unos 100 litros de agua", afirmaba en ese encuentro Macarena. Esta familia sevillana, además, cuenta con el apoyo y el asesoramiento de la PAH de Bellavista, que les está ayudando en esta reclamación.

Otro aspecto que preocupa a Honorato es que la situación de emergencia habitacional que vive la ciudad ha llevado a muchas familias a realojarse en viviendas desocupadas a las que EMASESA no facilita el suministro por problemas burocráticos. "El reglamento administrativo de una empresa municipal no pueden estar por encima de los Derechos Humanos de las personas", denuncia Honorato.