Anticorrupción pide entre 2 y 19 años de cárcel para los 14 miembros de la cúpula de Afinsa

  • Anticorrupción ha reclamado penas a catorce miembros de la cúpula de Afinsa por la estafa de 2.000 millones que afectó a casi 200.000 personas.
  • Piden 19 años para el expresidente Antonio Cano, 16 para el exconsejero Carlos de Figuereido y 14 para Vicente Martín y Albertino de Figuereido.
Afectados por los fraudes de Fórum Filatélico y Afinsa, en una imagen de archivo de 2015.
Afectados por los fraudes de Fórum Filatélico y Afinsa, en una imagen de archivo de 2015.
Emilio Naranjo / EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado penas de entre 2 y 19 años de prisión para los catorce miembros de la cúpula de Afinsa procesados por la estafa de la filatélica, con la que crearon un agujero cercano a los 2.000 millones que afectó a casi 200.000 ahorradores.

Los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía piden 19 años para el expresidente Juan Antonio Cano; 16 para el exconsejero Carlos de Figuereido; 15 para los ejecutivos y exmiembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín; y 13 para Emilio Ballester por estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales.

Además, consideran autor de los dos primeros al exconsejero Joaquín José Abajo, para quien solicitan 11 años de cárcel y que indemnice conjunta y solidariamente junto a los anteriores con 2.574 millones a los 190.022 afectados por la estafa, a lo que habrá que restar lo que ya hayan hecho efectivo en el procedimiento concursal.

Mientras, señalan como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrentará a cinco años de prisión; Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, a cuatro, y Ramón Soler, a tres. Por último, reclaman dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.

Afinsa desarrolló entre 1998 y el 9 de mayo de 2006, cuando fue intervenida por orden de la Audiencia Nacional, un negocio de captación de ahorro masivo de "apariencia lícita" mediante el que ofrecían contratos de inversión en sellos con el atractivo de unas elevadas rentabilidades.

"Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador", sostiene Anticorrupción en los 133 folios de su escrito de acusación.

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