Los casi tres centenares de jefes policiales relevados pertenecen a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la Policía Federal Preventiva (PFP), dos cuerpos dependientes de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública (SSP).

De ellos, 34 eran comandantes regionales de las fuerzas federales en los 32 estados mexicanos, uno por cada entidad territorial y dos en el caso del Distrito Federal, la capital, y de Veracruz, en el golfo de México.

Al anunciar en rueda de prensa la medida, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró que forma parte de "un proceso de selección y formación de nuevos mandos superiores".

Responde también a la instrucción dictada el 7 de marzo por Calderón de "aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal, con especial énfasis en la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficiencia".

"Esquema de prevención"

Entrevistado por la emisora W Radio, García Luna dijo más tarde que la medida está incluida "en un esquema de prevención para evitar que el crimen penetre y ponga en sus nóminas a policías federales".

Aunque no especificó el número de comandantes relevados por supuestos casos de corrupción, explicó que algunos de ellos fueron destituidos por negarse a ser sometidos a una investigación interna.

"Quien no quiera someterse a esos exámenes, no puede estar en la policía", que "debe ser una entidad sana, limpia", advirtió.

García Luna ya se encargó durante el mandato del presidente Vicente Fox (2000-2006) de transformar la Policía Judicial Federal, que presentaba altos índices de corrupción, en la AFI, que él mismo dirigió, recordó ayer en una entrevista con Efe el analista en materia de Seguridad Jorge Chabat.

Para el experto, la depuración en los mandos policiales demuestra que Calderón "quiere fortalecer a las policías para que el Ejército algún día pueda regresar a los cuarteles".

El papel del Ejército

Desde enero pasado, el gobernante ha desplegado a miles de soldados y agentes de la PFP, creada en su origen por integrantes de la Marina, por los estados en los que las mafias criminales realizan sus negocios ilegales de tráfico de personas, armas y drogas, entre otros.

El uso del Ejército ha sido criticado por varios especialistas, tanto por considerarse excesivo y un peligro contra los derechos humanos, como porque, al ser el último recurso de fuerza del Estado contra la delincuencia, de fracasar puede poner al país en una situación de desgobierno y caos.

En lo que va de año han sido asesinadas casi 1.400 personas en sucesos atribuidos a las bandas que controlan el crimen organizado, según estimaciones de la prensa mexicana.

Entre los muertos hay decenas de policías que, al parecer, perdieron la vida por ajustes de cuentas entre grupos criminales que los usaban para su protección y otros fines.

Según los expertos, los tentáculos de los cárteles de la droga y las organizaciones mafiosas alcanzan en México a buena parte de la policía mexicana, especialmente a la local.

Los bajos salarios de los agentes, tentados por las grandes cantidades de dinero que mueve el narcotráfico, son la principal causa de la corrupción policial, según los expertos.