El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz sigue "lo que nos dicta la Ley de Hacienda y el derecho administrativo" ante el informe de actuación emitido por la Intervención General el pasado 24 de junio sobre ayudas a la formación, al tiempo que ha señalado que trabaja en "subsanar" las causas que han motivado el mismo y pide esperar a que se resuelvan las diligencias previas.

Así se ha pronunciado Maldonado en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, tras ser preguntado por la diputado del PP-A Carlos Rojas sobre qué responsabilidades políticas va a asumir y exigir ante el informe de actuación emitido por la Intervención General por el menoscabo de fondos públicos detectados en las ayudas en materia de formación para el empleo correspondientes a 2012.

El consejero ha censurado que el diputado popular "dé por hecho que el informe de actuaciones es concluyente en el menoscabo de fondos públicos en las ayudas en materia de formación en 2012", cuando defiende que "no lo es", mientras afirma que sigue "un procedimiento administrativo adecuado que es el que estamos siguiendo".

Maldonado ha defendido que, para tener en cuenta el informe de actuación, "hay que considerar todos procedimiento e hitos que se han venido producidos hasta llegar a él", cuando tiene su origen, como ha destacado, "en el Plan de Auditoria de Control Financiero y Control permanente de la Intervención General de la Junta que hizo sobre estas ayudas entre junio de 2013 y 2014". Este plan se hizo a través de las ocho intervenciones provinciales, "que se referían a la gestión de las subvenciones entre 2009 y 2012", y ha reseñado que en ese tiempo "se hacía sobre la misma fiscalización previa" y que desde 2012, "se pasó a control financiero permanente".

Así las cosas, es como resultado de esa auditoria cuando se emiten informes especiales, "a los que ha seguido la emisión a su vez del informe consolidado del interventor adjunto de la Intervención de la Junta emitido pasado 1 de junio, paso previo al referido informe de actuación de la Intervención General".

Maldonado ha manifestado que la Junta ha aceptado el informe emitido el 24 de junio y afirma que están "dando cumplimiento a todas las recomendaciones para poder subsanar las causas que lo han motivado".

Además, añade que "se ha acordado el inicio, cuando ha correspondido, de las diligencias previas previstas en artículo 110 y 111 de la Ley General de Hacienda Pública, que será quien depurará las posibles responsabilidades administrativas y que se pondrán en conocimiento tanto de la Consejería de Hacienda como del Tribunal de Cuentas para que se proceda según sus competencias".

"Seguimos lo que nos dicta la Ley de Hacienda y el derecho administrativo", ha aseverado para defender que "tenemos la obligación de esperar estas diligencias previas y no tomar conclusiones anticipadas porque habrá que esperar a que termine el proceso administrativo".

PP-A:

"un auténtico escándalo"

El diputado popular ha advertido de que ese informe revela la "existencia de multitud de expedientes sin liquidar, falta de publicidad en el BOJA, que se subvencionaban más horas de las que se impartían", lo que ha tildado de "un auténtico escándalo". De esta manera, ha exigido al consejero hacer autocrítica" ante una respuesta parlamentaria que ha considerado "tibia" lo que "contrasta con los dictámenes de los interventores provinciales".

Ha ejemplificado esto en base al informe del interventor de Huelva que "dice que hay menoscabo de fondos públicos en su gestión". Critica además que estos informes no hayan sido debatidos en el Parlamento andaluz.

Rojas ha reclamado al Gobierno andaluz "transparencia" y le ha reprochado que aún ha llegado a la Cámara los referidos informes de intervención, por lo que han preguntado "qué es lo que quieren ocultar" con esta actuación.

"Si Susana Díaz ya era presidenta de la Junta cuando se conocen estos ocho informes en junio de 2014, ¿qué comentaron en el Consejo de Gobierno?", ha cuestionado el parlamentario durante su intervención, para reprocharle al Ejecutivo el "apagón informativo" que mantienen sobre este asunto.

Censura la "opacidad" en el debate parlamentario de la Junta, y le pregunta qué hace para recuperar el dinero público defraudado, dónde está su transparencia, no se puede tolerar que se identifique Andalucía con una tierra de saqueo y dispendio por la gestión del Gobierno andaluz.