El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha abogado por dictar una resolución administrativa consensuada en el seno del Parlamento andaluz para dar una solución "homogénea" a los agentes locales de empleo (ALPE), procedentes de los consorcios Utedlt.

En respuesta a una pregunta formulada en pleno por la diputada de IU Inmaculada Nieto, el consejero, quien reconoce que existen conflictos laborales "a los que vamos dando solución este Gobierno y este Parlamento", ha reconocido que ha podido existir "poca diligencia" por parte de la Junta, pero también cree que la propia Cámara "de entonar el 'mea culpa'" en materia de resolución de conflictos laborales, especialmente el de los ALPE.

Así, ha explicado que en el asunto de los agentes locales de empleo, la Consejería de Empleo "en los últimos tiempos ha seguido las directrices de nuestros servicios jurídicos para cumplir las sentencias firmes que nos están llegando" y ha explicado que "cada una de esas sentencias judiciales no son homogéneas y plantean una complejidad judicial que impiden dar una solución homogénea a este tema".

Ha precisado que "esa disparidad de cada sentencia no nos señala dónde recolocar a los despedidos ni cómo recolocarlos". El consejero ha explicado que creía tener solución en abril o mayo, que consistía en que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, los ALPE "debían ser recolocados en el Servicio Andaluz de Empleo, los consorcios de los ayuntamientos o la Consejería de Economía".

En ese punto, ha explicado que la Consejería de Hacienda "hizo un esfuerzo y buscó fondos y el SAE ordenó a sus delegados que llamaran a todos los afectados, que estaban siendo llamados en Cádiz o Jaén, pero en ese momento salió otra sentencia del Supremo que dice que estas personas deben ser readmitidas en el mismo lugar donde trabajaban cuando fueron despedidos, por lo que los servicios jurídicos nos alertaron de que no podíamos actuar de esa forma".

"Estamos haciendo todo lo que podemos bajo el paraguas jurídico", ha añadido el consejero, quien considera que "si queremos llegar a una solución homogénea para todo el colectivo en el Parlamento y consensuar entre todos una resolución administrativa", ha añadido.

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto, que ha mostrado su "solidaridad" con todos los trabajadores inmersos en conflictos, especialmente los ALPE, ha recordado que el Supremo "habla negro sobre blanco de prevaricación y desviación de poder al dictar sobre los ALPE" y ha recordado que "hay 120 sentencias individuales y una colectiva" en favor de este colectivo.

Tras apuntar que "fue una ley aprobada por la mayoría absoluta del PSOE la que marcó el camino donde debían reintegrarse los ALPE uno tras otro", por lo que cree que "desde el punto de vista económico no se puede seguir acumulando una deuda de 70 millones en salarios de tramitación, y es una crueldad inaceptable hacia este colectivo, cuyas familias están casi en la indigencia".

Asimismo, lamenta que "a estas personas con sentencia firme les están pidiendo que devuelvan las prestaciones por desempleo", y critica la actitud "desafiante" del Gobierno andaluz hacia el Supremo "cuando debería acatar la sentencia".

"Andalucía va a pagar de sus escasos recursos los salarios de tramitación a personas que están en sus casas y deberían ser readmitidas", se lamenta Nieto, quien pide a los servicios jurídicos de la Junta que "echen una pensada" a su estrategia de "dilación del procedimiento", que está provocando "costes económicos inasumibles, muy por encima de las posibilidades del pueblo andaluz".