El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez Arellano, ha señalado que la deuda con las universidades andaluzas asciende a algo más de 580 millones de euros, pero defiende que dicha deuda "existe porque la Junta de Andalucía apuesta por no recortar la inversión en ellas".

El consejero ha respondido así a la pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada popular Arancha Martín sobre qué cantidad debe el Gobierno andaluz a las instituciones académicas en concepto de deuda y qué efectos negativos provoca el mantenimiento de la misma.

Así, Ramírez de Arellano ha indicado que la deuda es algo superior a los 580 millones de euros, aunque ha precisado que "merced a la actividad diaria siempre hay una deuda corriente de unos 300 millones de euros", que, a su juicio, "es el objetivo que hay que perseguir".

No obstante, el consejero reconoce que la cifra "no es deseable, como tampoco lo son los retrasos en el pago a proveedores", cosa que, afirma, la Junta "ha vigilado de manera cercana". Además, apunta que "el primer paso para arreglar cualquier problema es reconocerlo" y que "su primera prioridad es trabajar para atajar la cuestión y la segunda, actuar".

En este sentido, recuerda que en los primeros 15 días de su mandato el Gobierno andaluz ha inyectado a las universidades un pago extraordinario de 100 millones de euros, y afirma que "sabe que no es suficiente pero es un buen comienzo". Además, asegura que "es esencial favorecer la liquidez de tesorería".

Por su parte, la diputada popular ha reprochado a Arellano que "se vea obligado a cumplir ante el mismo Gobierno que tiene asfixiada a la universidad de la que era rector" —la US—, al tiempo que asegura que "la deuda, que todos saben que era de 900 millones de euros, sigue provocando una situación insostenible de tesorería, de proveedores sin pagar y de grupos de investigación que no cobran".

De este modo, Martín quiere saber cuánto se va a pagar este año y el año que viene, y ha pedido a Ramírez de Arellano que "no caiga en la perversión de ponerse a buscar culpables en otras administraciones que no lo son", porque en Andalucía "los culpables son los que llevan 30 años gestionando en esta comunidad".