Los abogados defensores del caso Kabul, bajo el que se llevó a cabo el mayor juicio contra el narcotráfico de Baleares, han sostenido este lunes durante una vista en la Audiencia Provincial que la sentencia del Tribunal Supremo que valida dos autos de escuchas telefónicas "no valida automáticamente el resto" y piden a la Sala que se pronuncie sobre este asunto para emitir una nueva sentencia.

Ante los medios de comunicación, uno de los abogados defensores, que ha actuado de portavoz, Juan Echévarri, ha explicado que "por supuesto", respetan la postura del Tribunal Supremo pero "son muchos los teléfonos intervenidos y sobre cada uno de ellos, en concretos seis, se plantea una nulidad no derivada de esta primera, sino independiente".

Así, ha explicado los autos no valorados por el Supremo "tienen que valorarse individualmente para ver si pueden ser nulos o no".

El abogado ha incidido en que la "nulidad (de las escuchas) no nace sólo porque el primer oficio policial contenga motivos suficientes, sino porque la gestión del magistrado instructor no supuso un control que "garantizase que la medida fuese oportuna, proporcional y excepcional. Se pide que esto también sea valorado porque el Supremo no lo ha hecho".

Para el Ministerio Fiscal, sin embargo, la decisión del Supremo se extiende al resto de escuchas de este juicio que llevó a Francisca Cortés 'La Paca', matriarca del principal clan de narcotraficantes del poblado palmesano de Son Banya, y a otros 54 acusados a sentarse en el banquillo por introducir en Mallorca e Ibiza cocaína, heroína y cannabis para su distribución a diferentes organizaciones.

Cabe concretar que el Supremo anuló en abril la sentencia que absolvía a 'La Paca' y a otros 38 acusados y pidió que se dictase una nueva resolución judicial en la que se valorasen las intervenciones telefónicas, después de que estas fueran declaradas nulas por la Sección Segunda de la Audiencia al considerar que fueron "constitucionalmente ilícitas" y, de haberse tenido en cuenta, habrían supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de los procesados.