La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE) ha tachado de "maniobra dilatoria" el recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las sentencia que fallan a favor de los conciertos a los centros que imparten educación segregada.

Según indica CECE en un comunicado, "podría entenderse como una maniobra dilatoria con el único designio de demorar su cumplimiento, en perjuicio de quien ha obtenido la sentencia favorable, máxime cuando ya el Gobierno andaluz tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce sobre el que tendrá que dictaminar el Tribunal Constitucional, por lo que la duplicidad de recursos es completamente desmesurada".

Así, la patronal señala que desde todos los ámbitos se le ha pedido a la consejera, Adelaida de la Calle, que "rebajase la presión hacia los centros, los profesores y las familias de estos centros, que tantas décadas llevan prestando el servicio educativo", y que pese al pronunciamiento "claro y sin ambages" del Alto Tribunal, la Administración "lo primero que ha hecho es decir que va a recurrir, sin tener en cuenta el sufrimiento que causa a los trabajadores, a las familias que tienen escolarizados a sus hijos en el centro y a las propias instituciones".

Además, CECE recuerda que la situación actual es que "ya existe un pronunciamiento judicial en el que se declara que la actuación administrativa no se ajusta al ordenamiento jurídico", por lo que la presunción de validez "desaparece materialmente y es sustituida por la presunción contraria, ya que su ilegalidad ha sido ya reconocida por un tribunal".

Sin embargo, la Junta, a pesar de los fallos del TSJA, "pretende mantener a capa y espada su postura, resultando completamente desproporcionado el empleo de recursos y medios públicos para rebatir las sentencias, y lo que es peor, condenando a los centros, familias y trabajadores a seguir litigando de manera permanente, eso sí con el dinero de su bolsillo, mientras que ella litiga con dinero de todos los andaluces".

"Es una lástima que la Junta trate de esta manera al puñado de centros que tienen este modelo pedagógico, que atienden a familias de pocos recursos y que tienen demanda", en lugar de, añade, "buscar una solución que no provoque la desaparición de los mismos, no pudiendo por menos que nombrar a los centros de las Hermanas de la Cruz, a Altair, situado en el parque Amate de Sevilla, o a las Escuelas Familiares Agrarias que dan formación y titulación a alumnos que se dedican al campo", concluye.