No obstante, el rector de la UPO, Vicente Guzmán, ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que es un conflicto que "viene muy enturbiado" por factores relacionados con la antigua empresa adjudicataria, fundamentalmente deudas que han dejado y que se encuentra cualquier interesado en asumir la actividad.

"Es complicado, pero seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles y dando todas las facilidades para que el asunto se resuelva, porque como campus nos interesa que esa parte que da a la biblioteca, a los centros de investigación y a la Facultad de Ciencias Experimentales cuente con este servicio", ha asegurado Guzmán.

Por ello, ha expresado su confianza en que todo se solucione, máxime cuando también es de interés preservar los puestos de trabajo. Sin embargo, el rector de la Olavide reivindica haber hecho todo lo posible, desde ajustar los perfiles y "suavizar" las condiciones de la concesión a primar el reintegro de los trabajadores. Si el problema no se solventa, "seguiremos trabajando, aunque el asunto está enrevesado", ha apostillado.

El conflicto se ha enquistado y vivió la última dificultad cuando la única empresa interesada manifestaba recientemente su intención de no suscribir el contrato debido a algunos desacuerdos que se han producido.

Se apuntaba a dos factores como los principales que justificarían la negativa que a día de hoy ostenta la empresa: una serie de cambios en mecanismos vinculados con la deuda heredada de la concesión anterior, que los trabajadores no habrían aprobado por unanimidad —siendo éste el requisito que pide la interesada—, y la falta de remisión por parte de la universidad de documentación necesaria para comprobar los importes del débito.

Todo ello se produce después de las prórrogas establecidas por la dirección de la sede académica en el proceso de adjudicación, al desbloquearse directamente con la empresa interesada la situación tras la entrega de documentación pendiente.

A principios del pasado mes de noviembre, la UPO sacaba otra vez a licitación, después de que la primera vez el concurso quedara desierto, la explotación del servicio, por un canon mínimo de 6.050 euros anuales, pagaderos mensualmente a razón de cuotas de poco más de quinientos euros.

Según las condiciones de la salida a concurso, consultadas por Europa Press, el contratista debía contar con solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional; no se exigía garantía provisional. El plazo durante el cual el licitador estaba obligado a mantener su oferta era de dos meses.

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