La Guardia Civil denuncia un total de 28 infracciones en centros y empresas de buceo de la provincia de Las Palmas

La Guardia Civil, en coordinación con la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, con la delegación en Canarias del Ministerio de Industria y la Inspección de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha realizado 14 inspecciones en lo que va de año en materia de prevención y fiscalización administrativa a empresas y centros de buceo de la provincia de Las Palmas, detectando unas 28 infracciones.

La Guardia Civil, en coordinación con la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, con la delegación en Canarias del Ministerio de Industria y la Inspección de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha realizado 14 inspecciones en lo que va de año en materia de prevención y fiscalización administrativa a empresas y centros de buceo de la provincia de Las Palmas, detectando unas 28 infracciones.

En un comunicado, la Benemérita explicó que componentes del Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) han desarrollado estas revisiones en el marco de las competencias que le confiere el estado a través del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, dicha norma vela por el cumplimiento de la normativa y disposiciones vigentes relacionadas con la realización de actividades subacuáticas.

Un total de 28 INFRACCIONES

Así, a raíz de los mencionados reconocimientos, se han denunciado a 10 centros de buceo de las tres islas y a cuatro empresas dedicadas a la misma temática, denunciándose 28 infracciones a las citadas normativas y precintándose temporalmente tres compresores, todos en la isla de Lanzarote.

De esta manera, han sido realizadas por infracciones al Decreto 35/2006, la mayoría motivadas por carecer de contrato con cámara hiperbárica y no poseer de la preceptiva autorización de la Viceconsejería para la realización de enseñanzas deportivas recreativas.

Además, se procedió a la denuncia de tres centros por haber pasado la correspondiente inspección del Organismo Certificador Autorizado (OCA) de sus compresores y desconocer Industria la posesión del mismo por parte del centro de buceo en cuestión, procediéndose paralelamente al precinto de las referidas máquinas, el cual se levantaría una vez pasado la correspondiente OCA; también se tramitaron varias denuncias por poseer botellas de aire comprimido sin contrastar.

La mayoría de las infracciones se cometieron contra la Orden de 14 de octubre de 1997 del Ministerio de Fomento, por incumplimiento de diversas normas de seguridad como realizar actividades de submarinismo con material inadecuado o la falta de personal para completar el equipo mínimo de buceo.

Finalmente, las denuncias de este tipo serían tramitadas de acuerdo a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y pueden conllevar multas de hasta 3.000 euros las infracciones leves, o desde 90.000 euros a 600.000 euros.

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