La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha lamentado este jueves los datos hechos públicos en el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 'Efectos de Comercio Impagados', al asegurar que "un reflejo más de la deriva económica de Asturias como consecuencia de la desidia de Javier Fernández y su equipo de gobierno es que Asturias ha experimentado la mayor subida tanto en términos anuales como mensuales en la cifra de impagados del conjunto del país, acumulando con ello dos años consecutivos de record en morosidad".

Cristina Coto ha considerado, en una nota de prensa, que "el incremento de un 61% en Asturias de los impagos al comercio confirma la profundidad de la crisis económica y el empobrecimiento de nuestra región, en un círculo vicioso donde familias y empresas tienen problemas para hacer frente a sus deudas y el comercio asturiano resulta gravemente perjudicado".

"No es compatible el discurso triunfalista de Javier Fernández con los datos que día tras día, proporciona el INE. 'Vamos en la dirección adecuada', manifestó el Presidente en funciones en su intervención en el Pleno de la Cámara el pasado 30 de junio, pero la evolución en el crecimiento económico de nuestra región, a la cola de España, y las cifras de paro se acaban viendo reflejadas en sector del comercio y en sus graves dificultades para cobrar", ha añadido.

La presidenta de FORO ha resaltado que "mientras en toda España se han reducido los impagos en el último año el incremento en Asturias ha sido brutal, máxime cuando la otra Comunidad que aumenta -Cantabria- lo ha hecho tan solo en un 4%. Pero es que solo en mayo el importe de efectos impagados aumentó el 31.6% en nuestra región".

"El gobierno de Javier Fernández nos ha situado a la cola de cualquier indicador positivo, por lo que le exigiremos explicaciones y propuestas para revertir esta dramática situación para familias y empresas", añade Cristina Coto, que anuncia que "FORO registrará una pregunta dirigida a la Consejería de Economía y solicitara la información necesaria para constatar si se están cumpliendo los plazos exigidos por la llamada Ley de Morosidad (15/2010 de 5 de julio) en la que se obligaba al gobierno a crear una línea ICO dirigida a los ayuntamientos para hacer frente a sus deudas con empresas, pymes y autónomos".