La alianza UPA-COAG ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo autónomo creado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que abra una investigación sobre un presunto pacto de precios en la venta de colza a los productores.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, denuncia lo que consideran "un presunto delito que vulnera la ley alimentaria", concretamente la imposición, por parte de almacenistas y otros compradores, de un precio "inamovible" de 330 euros por tonelada a los agricultores de colza que carecen de contrato.

La Alianza considera "extraordinariamente grave" lo que "podría ser una vulneración de la ley", y por eso han demandado a AICA el control del cumplimiento de lo dispuesto en la norma, en la regulación de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.

Las sospechas que tiene la organización sobre las "prácticas irregulares" a la hora de imponer precios fijos por la colza, sin diferencias entre compradores, han asegurado que "confirman" lo que denunciaron días antes sobre la especulación en el mercado de los cereales en Castilla y León.

Por este motivo, han exigido al Ministerio de Agricultura a través de la AICA una seguridad jurídica para el que consideran "el eslabón más débil en la cadena alimentaria", el de los agricultores y ganaderos.

La alianza UPA-COAG se pregunta si esta imposición de precios fijos es la libertad de comercio "de la que tanto presumen algunos" y sobre todo cuando "determinadas organizaciones agrarias" alertan a los agricultores de determinadas prácticas "que más parecen del siglo XIX que de estos tiempos".