El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha recibido este jueves en la sede de su departamento, en Sevilla, a representantes de plataformas antidesahucios, con quienes ha prolongado la "interlocución" iniciada con distintos agentes a propósito de la problemática de los desahucios, ante el que la Junta de Andalucía "nunca ha estado impasible", de modo que ha adoptado medidas que el consejero les ha expuesto a dichos colectivos, con la idea también de "conocer su opinión" al respecto.

En declaraciones a los periodistas antes de mantener dicha reunión, López ha recordado que ya se ha reunido a propósito de esta cuestión con el Defensor del Pueblo, entidades financieras y representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y este jueves lo hace con "quienes están a pie de obra haciendo un trabajo en defensa de las personas".

El consejero ha hecho hincapié en subrayar que la Junta "nunca ha estado impasible ante este grave problema", y ha adoptado medidas como, en 2012, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con la instalación de oficinas en cada provincia de la comunidad y con el objetivo de realizar tareas de "prevención, intermediación y protección ante las personas afectadas". Hasta la fecha se ha atendido a 17.000 personas mediante este programa, según ha indicado.

Posteriormente, el Gobierno andaluz aprobó el decreto de la Función Social de la Vivienda, que entre otras medidas planteaba la de obligar a las entidades financieras a trasladar a los registros municipales de vivienda la información sobre las viviendas protegidas que tuvieran en su poder, y también la "expropiación temporal del uso", según ha rememorado el consejero, que ha recordado que el Ejecutivo central recurrió dicho decreto al Tribunal Constitucional y fue "suspendido".

Ya en el primer Consejo de Gobierno del actual Ejecutivo que preside Susana Díaz se han aprobado dos anteproyectos de ley relacionados con esta materia, según ha destacado Felipe López, que se ha referido así, por una parte, al anteproyecto de Ley de Retracto, otra "herramienta más para contribuir a paliar las consecuencias" del problema de los desahucios, y de cuya "constitucionalidad" no duda el consejero, porque en este caso, a diferencia de lo que ocurría con el decreto de Función Social de la Vivienda, no se interviene "en medio del proceso, sino al final".

El otro anteproyecto aprobado en el primer Consejo de Gobierno del que forma parte López al que ha aludido este consejero ha sido el destinado a la "protección de usuarios y consumidores que acaban firmando hipotecas". Se trata, ha subrayado, de "una medida preventiva desde el punto de vista de la defensa de los consumidores", y que plantea herramientas "extrajudiciales" para la resolución de conflictos.

Capacidad de las administraciones

El consejero ha apuntado, no obstante, que las "capacidades" en esta materia con las que cuentan el Gobierno andaluz y las entidades locales no son "infinitas", y "quien tiene más capacidades" al respecto es el Gobierno central, punto en el que ha animado a "meter el hombro" a todo el que esté implicado en este "grave problema" del que "nadie puede sentirse ajeno", al tiempo que ha criticado la "ridícula cifra de cinco millones de euros" que, en el actual contexto, está aportando el Gobierno central al "plan de servicios sociales comunitarios concertado con los ayuntamientos", para el que la Junta, en cambio, "está aportando más de 30 millones".

La Junta también cuenta con "un programa de ayuda al alquiler para gente que ha sido desahuciada", según ha destacado el consejero, que ha confirmado que en la reunión convocada para este jueves se quiere "escuchar y conocer la opinión" de las plataformas antidesahucios, así como "contarles lo que la Junta está haciendo", todo con el afán de "buscar un consenso".

López también ha destacado que actualmente existe en Andalucía un "parque de viviendas sociales" conformado por "más de 100.000" inmuebles, entre los 84.000 en manos de la Junta y los aproximadamente 19.000 con los que cuentan ayuntamientos y diputaciones, según ha detallado.

Colisión de derechos

Por otra parte, el consejero también ha llamado la atención sobre la "colisión de derechos fundamentales" que a veces puede producirse en esta materia, ya que, aunque "la mitad de los desahucios están ligados a ejecuciones hipotecarias, la otra mitad procede del impago de alquileres", y en este último escenario pueden chocar "el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad", de forma que "hay ocasiones en las que el impago del alquiler de una familia que no puede pagarlo supone también cerrar la fuente de ingresos de una familia que depende de eso".

Preguntado sobre la importancia del comportamiento y la actitud de los bancos en este terreno, Felipe López ha recordado que la "mayoría" de entidades financieras se ha sumado al "código de buenas prácticas" promovido por el Gobierno central, y que él mismo se ha reunido con entidades financieras y ha recibido de ellos una "actitud positiva".

El consejero ha señalado que en esta materia "importa menos cuáles son las razones que llevan a la gente a actuar", ya que lo relevante es "que se actúe", aunque sea "por egoísmo inteligente adaptativo", y que se haga "en la buena dirección", lo que pasa por que "entre todos intentemos evitar la mayor cantidad posible de personas que se encuentren en la calle", ya que, según ha incidido, "el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la propiedad", según ha apostillado.