La asociación Ecologistas en Acción reclama una "entrevista urgente" con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, para "trasladarle directamente las graves irregularidades jurídicas y medioambientales" de los proyectos mineros de Aznalcóllar, Cobre las Cruces y Riotinto, por "malas prácticas continuadas de ciertos funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía".

Así lo ha apuntado la organización este miércoles en un comunicado en el que sostiene que, en relación al procedimiento de adjudicación del concurso minero para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), "es evidente que se han cometido graves irregularidades que dinamitan la fiabilidad y la credibilidad de algunos de los funcionarios y altos cargos de la Dirección General de Minas que han participado de manera activa en dicho procedimiento".

Se trata de "irregularidades que pueden llegar a salpicar al consejero Sánchez Maldonado" y que "se deducen de la documentación que obra en el Juzgado número tres" de Instrucción de Sevilla y "de las declaraciones realizadas en esa sede judicial por técnicos que desmienten a funcionarios y altos cargos", algo que "lamentablemente" a la organización ecologista no sorprende, "porque son los mismos funcionarios y altos cargos que en demasiadas ocasiones han mostrado un desprecio absoluto a la legalidad vigente y a la protección del medio ambiente, empezando por su omisión de sus obligaciones en los acontecimientos que desembocaron en la catástrofe anunciada de las balsas de Boliden de 1998".

Entre ellos se encuentran, añade Ecologistas, "Iván Maldonado, jefe de servicio de minas; Juan Manuel Revilla, jefe de servicio de contratación administrativa, y el todavía secretario general de Medio Ambiente de Sevilla, Salvador Camacho, que ya han declarado en calidad de detenidos ante la policía judicial", los cuales, además, "han tenido también responsabilidad en otros casos de maltrato al medio ambiente como la explotación minera de la Sierra de Esparteros en Morón de la Frontera" (Sevilla).

En relación a Cobre Las Cruces (CLC), desde Ecologistas quieren informar al consejero "de las consecuencias de la reciente sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estima íntegramente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, declarando ilegal la reapertura de la corta minera de CLC que se realizó mediante Resolución de 7 de abril de 2009, y por extensión todas aquellas actuaciones de desarrollo y ejecución de la resolución antes dicha".

Además, quieren "informarle para que no repita las mismas ilegalidades que su antecesor Francisco Vallejo, que resolvió apresuradamente la reapertura de la mina de CLC mediante criterios políticos, ente el inminente cese de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía".

Cobre las cruces

Ante "el anuncio público del propio consejero en relación a que una nueva Resolución de 24 de octubre de 2013 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 'ampara y refuerza' la gestión hídrica que lleva a cabo CLC, y que 'en su día también avaló la Agencia Andaluza del Agua (AAA)', la organización considera necesario recordarle al consejero que ese "aval" de la AAA "fue declarado inconstitucional y anulado por sentencia firme de noviembre de 2014 del Juzgado número cinco de lo contencioso administrativo de Sevilla, también por estimación de un recurso de Ecologistas en Acción".

De esta manera, "la Resolución de la CHG de 24 de octubre de 2013, en tanto que valida de manera fraudulenta actos ilegales de la AAA, es igualmente ilegal, y por ello será también anulada, a instancias de Ecologistas en Acción, por la misma Sección Tercera de la Sala del TSJA que ha dictado la reciente sentencia contra la reapertura de la mina en 2009, en base a su propia jurisprudencia".

Así lo señala Ecologistas en Acción, que en la carta remitida al consejero le indica que "cualquier nueva resolución que intente burlar la reciente sentencia del TSJA será contraria a derecho y puede incluso suponer un desacato intencionado de la misma", al tiempo que advierte de que "esta actitud no haría más que entorpecer nuevamente la solución definitiva del verdadero problema de fondo que Ecologistas en Acción lleva denunciando desde 2007, que es la detracción ilegal de millones de metros cúbicos de aguas subterráneas que CLC realiza desde el inicio de su actividad".

Esta "detracción ilegal de aguas desde 2005 hasta 2008", y la "contaminación con arsénico del acuífero esta pendiente de juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla por posibles delitos contra el medio ambiente", señala Ecologistas, que agrega además que "la detracción ilegal continuada de aguas subterráneas desde la reapertura de la mina en 2009 hasta la actualidad está siendo investigada por el Juzgado número tres de Instrucción de Sevilla, el mismo que investiga la adjudicación de Aznalcóllar".

Ambas acciones judiciales en vía penal "fueron iniciadas por denuncias de Ecologistas en Acción", organización que "en ningún caso va a permitir que las decisiones de las autoridades mineras o competentes en materia de aguas, por acción u omisión, sigan permitiendo esa detracción ilegal de agua del acuífero, mediante incumplimiento o burla de sentencias judiciales", lo que, a entender de la organización, "pudieran constituir posibles delitos de prevaricación ambiental, que no dudaremos en llevar a los tribunales".

Se insiste en la misiva que lo que Ecologistas en Acción está defendiendo "no es ni más ni menos que el derecho de preservar la cantidad y la calidad del agua reservada a consumo humano del acuífero Gerena-Posadas y que un consejero de un Gobierno de la Junta de Andalucía tiene la obligación legal de preservar, en vez de convertirse en colaborador necesario de su destrucción".

"Si la mina de CLC no puede preservar el acuífero, la mina no puede seguir funcionando, y se debe garantizar una clausura ordenada y eficaz de la corta minera, y una ejecución completa del Plan de Restauración y Clausura, que no deje ninguna hipoteca ambiental a los andaluces, para que no se repita nunca más la vergonzosa situación que dejó la empresa Boliden", incide Ecologistas en Acción.

Proyecto de riotinto

Por último, y en relación al proyecto de Ríotinto, la asociación menciona el "bochornoso caso del recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción ante este mismo consejero contra la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Directora General de Industria, Energía y Minas, de autorización del reinicio de los trabajos de la explotación 'Minas de Riotinto', cuyo titular es EMED Tartessus S.L.U".

El recurso, añade la asociación, fue "inadmitido con argumentos de extemporaneidad absolutamente arbitrarios y falaces que sólo buscaban retrasar de manera ilegal, y a sabiendas, la resolución de nuestro recurso, generando claramente indefensión a nuestra organización", que advirtió al consejero "de la ilegalidad que se estaba cometiendo, y felizmente ha sido revocada la inadmisión".

Así las cosas, Ecologistas en Acción considera "urgente" que el consejero "dé la cara y reciba información directa de las graves ilegalidades que puede cometer en el futuro esta Consejería si no se modifican las actuales líneas de actuación mantenidas hasta la fecha por las autoridades mineras competentes, bajo su responsabilidad actualmente, incluyendo los graves errores de asesoramiento cometidos recientemente por sus servicios jurídicos".