La Audiencia Provincial de Baleares reanudará este jueves, a partir de las 10.00 horas, el juicio del denominado caso Cloaca, centrado en un presunto desvío de más de 575.000 euros públicos en la contratación de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca -de las que no existe constancia- y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos que nunca se llevaron a cabo.

La vista oral, que arrancó el pasado 6 de julio, se retomará con el interrogatorio de los acusados que restaban por ser interpelados, entre quienes se encuentra la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve, para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel y diez de inhabilitación.

Junto a ella se sientan en el banquillo la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer -bajo la misma petición de pena-, y los empresarios supuestamente beneficiados Simón Galmés -siete años de prisión-, César García y Miguel Rullán -cuatro años-.

Durante la primera sesión del juicio declaró Castañer, quien manifestó ante el tribunal que había "instrucciones" para que empresarios afines a UM fuesen beneficiados con estos contratos, como así sucedió. De hecho, a preguntas del fiscal Juan Carrau, la exalto cargo recordó que el exconseller Miquel Riera -ya fallecido- dio órdenes para que fuesen contratados los anteriores proveedores y que, cuando Julve le sustituyó en el cargo en enero de 2006, ésta "las mantuvo".

En concreto, los hechos se concretan en tres expedientes tramitados para presuntamente favorecer a los empresarios acusados, los dos primeros por 29.928 y 29.500 euros, respectivamente, para la compra de las sillas, y un último por más de 4.960 euros mensuales durante cuatro años (hasta 515.000 euros) para adjudicar el control de los servicios de recogida selectiva de residuos.

Castañer aseveró que las contrataciones de las sillas se llevaron a cabo porque "había un remanente" en los presupuestos del Consell y, según espetó, "fueron sillas como podían haber sido mesas o bolígrafos". De hecho, apuntó que no era "algo necesario" y Julve, pese a las supuestas instrucciones dejadas por su predecesor en el cargo -que firmó la primera de las adjudicaciones-, "podía haber evitado que el segundo saliera adelante. Se podía parar perfectamente, pero lo firmó".

Del mismo modo, esa misma jornada fue interrogado Simón Galmés, quien defendió la legalidad de los pagos que recibió de la institución por varios de estos encargos. El empresario recalcó que su mercantil, Ses Nostres Eines, estaba "más que capacitada" para desarrollar las actividades para las que resultó adjudicataria, al tiempo que justificó ante la elevada cantidad de dinero que percibió ante los numerosos gastos a los que tuvo que hacer frente para cumplir los encargos.

La Fiscalía apunta a la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración, y reclama además que los procesados respondan al pago de los fondos presuntamente desviados en favor de la Administración insular. La causa, una de las numerosas que afectan a la extinta UM, permaneció en fase de instrucción durante dos años.

En lo que a las sillas se refiere, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación cómo tanto Castañer como el entonces conseller Miquel Riera acordaron beneficiar a César García y a Miguel Rullán con un expediente valorado en 29.928 euros para el suministro de '2.150 sillas de resina blancas con brazos'.

"El objeto del contrato era absolutamente innecesario porque no entrañaba utilidad alguna para la administración que lo pagaba", asevera el Ministerio Público, que señala que no consta que las sillas fuesen realmente entregadas, además de ser su precio muy superior al del mercado. El contrato fue adjudicado en diciembre de 2005 a Almacenes Rullán Suministros Industriales, de la que eran responsables los dos empresarios beneficiarios.

Del mismo modo, en julio de 2006 Catalina Julve resolvió adjudicar otro expediente por el mismo concepto -la adquisición de 2.150 sillas- por un importe de 29.928 euros, que acabó en manos de la empresa Ses Nostres Eines, administrada por Galmés. Según la Fiscalía, la Institución insular abonó un precio "desproporcionado" -casi el cien por cien superior- por unas sillas que no constan recibidas.

Seguimiento inexistente de los servicios de recogida

Finalmente, el otro de los hechos que han sido objeto de investigación fue la imposición de la contratación de Ses Nostres Eines por parte de las empresas adjudicatarias de la recogida selectiva (FCC/Lumsa por un lado y Melchor Mascaró/Rebalim SA y Hermanos Pellicer Pons SA, por el otro), a fin efectuar el control y seguimiento de los servicios de recogida prestados.

La acusación pública asevera que Ses Nostres Eines cobró por ello más de 4.960 euros mensuales -con cargo a las arcas públicas- sin que conste que realizase control alguno. "La unidad de control no llevó a cabo trabajo de inspección ni de control alguno, no emitió informes sobre el funcionamiento de las adjudicatarias de la recogida ni contrató los medios materiales y humanos estipulados para ello", añade la Fiscalía.

Pese a ello, desde julio de 2006 hasta diciembre de 2010, la empresa cobró más de 515.000 euros públicos. De hecho, el juez que instruyó la causa apuntaba en uno de sus autos que en los archivos de la Administración supramunicipal no constan "más que unos pocos informes" de Ses Nostres Eines cuyo contenido es "una mera copia de información facilitada por las empresas adjudicatarias". El instructor indica además que el objeto social de Ses Nostres Eines nada tenía que ver con la recogida de residuos.

Julve niega su vinculación con las presuntas irregularidades

Interrogada en enero de 2011 por el juez, Julve, defendida por el abogado Gabriel Garcías, negó haber participado en una presunta trama de inflamiento de facturas así como el hecho de haber tenido conocimiento de las presuntas irregularidades investigadas.

Recién abierta la operación, Julve se desmarcó de forma tajante de estas pesquisas, con las que aseguró "no tener nada que ver", al defender que las facturas en las que estampó su firma durante la época en la que se habrían producido estas irregularidades las rubricó sin saber que estaban hinchadas o no. "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", incidió.

Este caso de supuesta corrupción llegó a la Fiscalía después de que en verano de 2010 los servicios jurídicos del Consell encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.