Sanz asegura que la Junta rehusó en diciembre acogerse a la devolución aplazada de la liquidación de 2013

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que la Junta rehusó el pasado mes de diciembre acogerse a la posibilidad de aplazar a diez años la devolución de su deuda con el Estado por la liquidación de la financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2013, y se ha preguntado "si este cambio de opinión, con una petición fuera del plazo regulado, es un paso más en la estrategia de confrontación" por parte de la administración autonómica.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.
EUROPA PRESS
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que la Junta rehusó el pasado mes de diciembre acogerse a la posibilidad de aplazar a diez años la devolución de su deuda con el Estado por la liquidación de la financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2013, y se ha preguntado "si este cambio de opinión, con una petición fuera del plazo regulado, es un paso más en la estrategia de confrontación" por parte de la administración autonómica.

En declaraciones a los periodistas en la Comisaría Provincial de Huelva, que ha visitado este jueves con el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y preguntado por este asunto, Sanz ha hecho hincapié en que el actual sistema de financiación autonómico fue impulsado por el anterior Gobierno y aprobado con el apoyo del Gobierno andaluz, siendo presidente de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz consejera de Presidencia, "por lo que se entiende mal su estrategia de reivindicación permanente contra un sistema que ellos refrendaron y que obliga a todas las comunidades por igual, mientras esté vigente".

Según la liquidación definitiva de 2013, Andalucía tuvo ese año un saldo negativo de 265,27 millones a favor del Estado lo que, según ha explicado Sanz, supone que la Junta "disfrutó de una sobrefinanciación por parte del Estado que ahora tiene que reintegrar".

A este respecto, ha reiterado que "el Gobierno de España siempre tendrá la mano tendida a Andalucía y está volcado" para ayudar a la Junta y los ayuntamientos y para "resolver sus problemas de liquidez y pagar sus servicios públicos", con una financiación extraordinaria que alcanza los 28.000 millones de euros en esta legislatura y que les va a permitir ahorrar casi 4.000 millones de euros en intereses a lo largo de la legislatura.

El delegado ha recordado que el Gobierno ofreció en diciembre a las comunidades la posibilidad de financiar la devolución de esa liquidación negativa a diez años con cargo a los fondos de liquidez y Andalucía, tras decir que estudiaría la propuesta, rehusó acogerse a ella.

"La Junta pudo pedir la devolución aplazada, como hicieron Aragón y La Rioja, pero prefirió recibir el dinero íntegro de los fondos en lugar de reservar parte para el pago de la liquidación, a pesar de que la conocía, e incluso pensaba que era mayor de lo que finalmente ha sido", ha dicho el delegado, quien ha remarcado que le "sorprende" esta reacción porque fue a "Andalucía se trató desde el Gobierno como al resto de las comunidades".

Andalucía podría incumplir el déficit

Sanz también ha advertido que, si no se reintegra el saldo negativo, la Junta de Andalucía podría incumplir el déficit, ya que la cantidad adeudada computaría como gasto, según los parámetros de cálculo establecidos, "que son los mismos para todas las comunidades, por lo que la Junta de Andalucía no puede sentirse agraviada".

En todo caso, ha dicho, "los andaluces pueden estar tranquilos porque la financiación de los servicios esenciales, como la sanidad y la educación, siempre va a estar garantizada por los fondos de liquidez que provee el Gobierno de España y los planes de pago a proveedores".

A juicio de Sanz, lo que debe hacer la Junta de Andalucía es "cumplir los objetivos de déficit establecidos, como ha venido haciendo hasta ahora" porque, ha añadido, "el rigor de las cuentas públicas es la base de la estabilidad económica" y porque "los ciudadanos nos piden eficacia y control del gasto público, que sale de sus bolsillos".

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