El Sindicato Labrego Galego (SLG) y UU.AA. se han mostrado "preocupados" por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que obliga a devolver cerca de 760.000 euros en ayudas agrícolas a zonas con dificultades naturales en Galicia, debido a irregularidades en el control de las exigencias para recibirlas y que fueron detectadas por la Comisión.

Cuando ha trascendido la noticia, y a preguntas de los medios en una rueda de prensa, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha mostrado su "preocupación" y ha "lamentado" que se haya perdido el recurso, pero ha incidido en que, "por primera vez, no es tanto un problema de fondos como de criterios de reparto".

Al respecto, ha denunciado que el Gobierno "tiene la tentación de, lo que pide de tratamiento diferenciado a Bruselas, renunciar a ponerlo en práctica cuando depende de él hacerlo. "Reivindican en Bruselas unas cosas y hacen otras", ha censurado, en referencia a las herramientas "internas" que, a su juicio, se están "usando mal".

Concretamente, García ha explicado que se van a recibir cerca de 5.000 millones de euros de las ayudas europeas que "se ha decidido no repartirlas entre los 400.000 ganaderos y agricultores que hay en activo". Así, ha criticado que Galicia "renunció a establecer un pago diferenciado para las primeras 25 hectáreas".

En todo caso, el responsable de Unións Agrarias ha reconocido que "todo lo que fuera para favorecer las condiciones desfavorables, sería bienvenido". "Lamentos (que se perdiese) el recurso, era previsible que tuviese ese desenlace", ha admitido.

"muy preocupados"

Por su parte, Lara Barros, por parte del SLG, ha manifestado que están "muy preocupados" por esta cuestión, porque "hay unas ayudas fundamentales como son las de los planes de incorporación" para que la gente joven pueda tener su primer empleo en el rural.

Ello responde, a su entender, al nivel de "irresponsabilidad" de la Consellería con el medio rural". "Es una evidencia más, hicieron un plan en el que no hubo participación de los agentes sociales, y ésa fue una de las primeras causas de devolución", ha remarcado Lara Barros, quien ha advertido de que se "pueden poner en peligro los planes de incorporación".