El portavoz de Batzarre, Joseba Eceolaza, ha afirmado que la decisión de la Audiencia Nacional de negar ayudas contempladas en la legislación estatal a víctimas del GAL supone "una aberración ética y jurídica, y una afrenta evidente hacia estas víctimas que deberían tener todos los derechos contemplados en las leyes de reparación".

A juicio de Eceolaza, "el asunto de las personas víctimas que a su vez han sido victimarios es muy delicado, por eso denegar estas ayudas de forma generalizada supone una arbitrariedad judicial, pero sobre todo supone un acto de insensibilidad humana hacia unas personas que han sufrido la pérdida de un familiar".

Joseba Eceolaza ha señalado que "el Ministerio de Interior y ahora la propia Audiencia Nacional se acoge a la excepcionalidad concretada en el artículo 8.2 del convenio europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos, ratificado por España en 2001, por el que se establece la limitación de las ayudas a personas vinculadas con el crimen organizado o que hayan cometido algún delito, pero sin aportar sentencias firmes, sólo informes policiales vagos y escuetos".

En este sentido, para el portavoz de Batzarre es evidente que "no se puede legislar a golpe de informe policial si no hay también una sentencia sobre las cuestiones que afectan a esa excepcionalidad". "Lo que demuestra el Ministerio es que aplica las leyes de forma arbitraria y caprichosa no sólo sin tener en cuenta el principio de legalidad, sino también con un punto vengativo que no tiene justificación ninguna", ha lamentado.

Para Joseba Eceolaza, "corregir una injusticia y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para resarcir el daño causado y esclarecer al máximo los hechos es una actitud necesaria a nivel social e institucional cuando han existido episodios de violencia causados por funcionarios públicos".

A juicio de Eceolaza, "sin querer establecer analogías excesivas, ni relatos compensatorios sobre la existencia de diferentes tipos de víctimas, las tropelías cometidas, impulsadas o toleradas por el Estado de Derecho son tan injustificables como las de ETA"

Para Batzarre es importante tener en cuenta que "en el caso de las víctimas de ETA su situación ha sido muy penosa". "Al daño causado -irreversible con la muerte- se añade hasta fechas recientes la insensibilidad de una parte fundamental de nuestra sociedad, su invisibilidad, una desconsideración a veces extrema y humillante. Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia", ha apuntado.

Joseba Eceolaza ha señalado que "esta misma situación se está produciendo con 'las otras víctimas' como lo denunciaba Leonor Regaño, viuda del policía nacional Manuel Jódar, asesinado por ETA y ex-presidenta de la Asociación de víctimas del terrorismo de Euskadi en un acto promovido por el Gobierno Vasco en el cual reivindicó a las otras víctimas afectadas por grupos terroristas diferentes de ETA, que están pasando hoy por una situación similar a la que vivimos las víctimas de ETA hace años: la indiferencia de la sociedad, el abandono de las instituciones y la falta de reconocimiento".

Eceolaza ha concluido señalando que "en muchas ocasiones las víctimas de este tipo de violencia han vivido una doble victimización por la impunidad y por el hecho violento sufrido". "Por ello es preciso tener en cuenta que mientras no haya un reconocimiento hacia todas las víctimas habrá quienes legítimamente vivan en una sensación de agravio permanente", ha apuntado.