El Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación, por un importe total de 278,6 millones de euros para el periodo 2016-2019, de los servicios de inserción de menores infractores en centros de internamiento y grupos educativos de convivencia.

De esta cantidad, 254,44 millones de euros corresponden a los servicios integrales de guarda, reeducación e inserción de menores infractores en los centros de internamiento. Estas prestaciones las llevan a cabo actualmente entidades sin ánimo de lucro especializadas en la materia, que bajo la supervisión de la Consejería de Justicia e Interior ejecutan anualmente alrededor de 1.800 medidas privativas de libertad impuestas por los juzgados de menores. Así, los 24,17 millones restantes se refieren a los Grupos Educativos de Convivencia para la ejecución de medidas no privativas de libertad.

Las nuevas adjudicaciones autorizadas este martes para centros de internamiento, que sustituirán a las vigentes desde 2010, incluyen la gestión del servicio tanto en los ocho centros ubicados en inmuebles propiedad de la Junta como en otros cuatro que aportan las propias entidades adjudicatarias. En el primer caso, la cuantía es de 178,42 millones de euros y en el segundo de 76,02.

En total se autorizan 733 plazas; de ellas 514 en centros de la Junta y 219 en el resto. Las primeras se distribuyen entre los siguientes: 130 en 'Tierras de Oria' (Oria, Almería); 66 en 'El Molino' (Almería); 112 en 'La Marchenilla' (Algeciras, Cádiz); 72 en 'Medina Azahara' (Córdoba); 48 en 'Sierra Morena' (Córdoba); 14 en 'San Miguel' (Granada); 44 en 'Las Lagunillas' (Jaén), y 28 en 'La Jara' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla).

Por su parte, las provincias donde se autorizan plazas para ocho centros de internamiento cuyos inmuebles aportan las entidades son Almería (32 plazas), Cádiz (84), Huelva (20) y Sevilla (83). Con el de Huelva se completa la extensión de la red a las ocho provincias andaluzas. "Se cumple así el compromiso de la Junta de crear un centro en esa provincia", además de dar respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz.

Los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía cuentan con programas de intervención para el cumplimiento de medidas judiciales en régimen cerrado, semiabierto y abierto, así como de tipo terapéutico relativas a drogodependencias y salud mental. Sus plantillas están integradas por casi 2.000 profesionales, entre psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas y personal de seguridad y mantenimiento.

Grupos educativos de convivencia

En cuanto a los Grupos Educativos de Convivencia, actualmente funcionan 18 con un total de 129 plazas ocupadas. A través de esta modalidad se cumplen medidas no privativas de libertad en viviendas normalizadas ubicadas en poblaciones con acceso a centros educativos, sanitarios, laborales y de ocio.

Los grupos, gestionados por entidades privadas, están formados por un equipo de un mínimo de nueve profesionales: una persona encargada de la dirección, una con titulación en Psicología, otra en Trabajo Social y seis educadoras.

Las contrataciones autorizadas este martes por el Gobierno andaluz se unen a las formalizadas en 2013, por un importe total de 22,26 millones hasta 2017, para la ejecución de las medidas judiciales sin internamiento correspondientes a los Servicios Integrales de Medio Abierto. Entre ellas se incluyen las relativas a libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arresto de fin de semana y tratamiento terapéutico.

Todos estos recursos de Justicia Juvenil coordinados por la Junta, cada vez más orientados a la intervención individual y a la especialización de los profesionales, "hacen posible que más de un 80 por ciento de los menores infractores logren una reinserción social con normalidad y no reincidan".

La Junta ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento desde que en el año 2000 se aprobó la Ley de Responsabilidad del Menor. Asimismo, se ha triplicado el presupuesto dedicado a la intervención en justicia juvenil, de 28,5 millones de euros a los más de 77 en 2015.

Esta experiencia está avalada por diversos reconocimientos, entre los que destaca el Premio a la Calidad de la Justicia 2013, concedido por el Consejo General del Poder Judicial.