El juicio del llamado 'caso Alhambra', el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 a 2005, será juzgado por un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada a partir del 20 de septiembre de 2016, fecha en la que se prevé habilitar una sala especial para acoger a los 50 acusados y más de una treintena de letrados, además de los distintos representantes de las acusaciones personadas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la vista, que se extenderá hasta marzo de 2017, será la más prolongada celebrada hasta la fecha en Granada y obligará a habilitar una sala especial en el Salón de Plenos del edificio judicial de La Caleta.

Con la presidencia del magistrado-presidente de la Sección Segunda, José Juan Saénz-Soubrier, el juicio contará con 64 sesiones, los martes, miércoles y jueves desde el 20 de septiembre del próximo año, para permitir que el tribunal pueda dedicarse también a otros asuntos.

EL Juzgado decretó apertura de juicio oral el pasado mes de octubre contra 50 acusados, tras cerrar la instrucción en marzo tras casi nueve años de investigación. La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores.

Concretamente, el Ministerio Público les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida —o subsidiariamente un continuado de estafa—; otro continuado de falsedad en documento mercantil; y finalmente un delito continuado de daños al patrimonio histórico artístico.

Petición de la fiscalía

Para diez de ellos pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos (3,5 millones) y por los daños materiales causados por los excesos de aforo (3,16 millones).

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.

La Alhambra también está pendiente de otra investigación judicial, independiente de esta macrocausa, por la supuesta adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías, que motivó una querella de la Fiscalía contra la que ha sido durante 11 años la directora del Patronato, María del Mar Villafranca, que presentó su renuncia recientemente. Ahora, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tendrá que decidir si admite o no a trámite la querella, que se dirige además contra otros tres cargos del Patronato y dos empresarios.