El 30 por ciento de las sugerencias del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, sobre residencias de mayores han estado centradas en irregularidades administrativas. Concretamente, desde 1998, esta institución ha visitado 219 establecimientos de atención al mayor, tramitado 470 expedientes y ha dirigido a las Administraciones 56 sugerencias y recomendaciones.

El Justicia ha explicado en una nota de prensa que una de las conclusiones de esta actividad "es la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de estos centros mediante la coordinación de las Administraciones municipal y autonómica encargadas de conceder las licencias correspondientes, con el fin de que los periodos de provisionalidad sean lo mas breves posible".

Así lo expuso el Justicia, Fernando García Vicente, en 2007, con motivo de la presentación en las Cortes aragonesas de un Informe Especial sobre la situación de las residencias de personas mayores en Aragón y lo ha reiterado a las Administraciones implicadas cada vez que se ha dado la circunstancia, han apuntado desde la institución.

Ha agregado que las residencias para personas mayores precisan, básicamente, dos tipos de autorizaciones administrativas, una, de carácter municipal, que es la licencia de apertura y, otra, dependiente del Gobierno de Aragón, que implica la autorización para su normal funcionamiento.

En opinión del Justicia de Aragón, "es elemental que los centros cuenten con estos requisitos administrativos para reforzar la seguridad jurídica, pues otra cosa supone falta de control que eleva el riesgo de deficiencias, funcionamiento irregular e inadecuada atención a los usuarios", han apuntado las mismas fuentes.

Licencia municipal

Fernando García Vicente ha estimado que la concesión de la licencia municipal de apertura es relevante a los efectos de inscripción del centro en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social, lo que a su vez es requisito para la posible concertación de plazas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Además de la situación administrativa de las residencias, las visitas que realizan los asesores de esta institución a los centros de atención al mayor permiten comprobar las condiciones de habitabilidad, estado de las instalaciones y dependencias, capacidad y servicios que prestan, entre otras cuestiones.

"Las situaciones son variadas y se reflejan al detalle" en el informe anual de actividad de la institución. En este sentido, en 2014 se visitaron 20 residencias y centros de atención al mayor de las tres provincias aragonesas.

Ese año, se hizo una sugerencia a la Administración autonómica sobre el plan de evacuación de la residencia municipal de Nogueruelas (Teruel), que ha sido aceptada recientemente.

En general, la detección de irregularidades o situaciones anómalas "son puestas en inmediato conocimiento de la Administración, a quien compete la vigilancia y control de estos centros".

En este sentido, el Justicia ha insistido en que el primer objetivo de las visitas no lo constituye tanto la detección de posibles irregularidades, como el impulso de la acción inspectora y de definición de requerimientos de calidad en la prestación del servicio por parte de las Administraciones competentes.

Esta motivación motivó el año pasado las sugerencias formuladas al Gobierno de Aragón sobre la conveniencia de regular y establecer protocolos de actuación detallados acerca del uso de limitaciones de la autonomía de la voluntad, tales como internamientos involuntarios o sujeciones restrictivas físicas o farmacológicas y sobre la prevención y detección de malos tratos a personas mayores. Ambas sugerencias fueron aceptadas.