La junta de personal de los servicios centrales de la Xunta ha denunciado ante Fiscalía al conselleiro de Facenda, al director xeral de Función Pública y a la presidenta del tribunal de una oposición por supuestas irregularidades "que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación y desobediencia".

La denuncia tiene relación con la repetición de un ejercicio de la oposición de la Xunta de Inspección de Turismo convocada en 2001. Según los sindicalistas, este ejercicio se repitió 14 años después, el pasado 17 de junio, por mandato del Tribunal Supremo ante irregularidades en el desarrollo del cuarto ejercicio.

"Aunque al sentencia es de 2009, no fue hasta 2015 cuando la Xunta la ejecuta", critican y advierten de que es una ejecución "rodeada de nuevas irregularidades" y que la administración autonómica "se resistió por más de cinco años a llevarla a cabo hasta que hubo un apercibimiento de imposición de multa coercitiva sobre la persona del director de Función Pública".

Finalmente, añaden, tras la publicación del resultado del examen, el 3 de julio, "se comprobó que no se ejecutó en los términos que obligaba la sentencia".

"Era un secreto a voces", comentan los representantes de la junta de personal de los servicios centrales de la Xunta, que añaden que "tal" era así "que un aspirante presentó un acta notarial unos días antes en la que clavaba el número de aprobados (6) y más de la mitad de los nombres de las personas que superarían ese cuarto examen (3)".

Según explican, algunas de estas irregularidades fueron la cobertura de únicamente el 50% de las plazas convocadas en contra de lo indicado por la sentencia, "algo inédito en la historia de los procesos selectivos de la administración autonómica", la coincidencia de los aprobados con personas que prestaron los servicios en el centro directivo competente en materia de turismo y la "designación política" del tribunal calificador de la prueba.

La próxima semana, la junta prevé acudir al Parlamento para poner el caso en conocimiento de los grupos de la oposición, con el objetivo de que exijan "las responsabilidades políticas pertinentes", entre las que citan "la dimisión del actual director xeral de Función Pública".

Todos estos acuerdos fueron tomados por unanimidad en el pleno extraordinario de la junta de personal de los servicios centrales de la Xunta de Galicia, este jueves, "dada la gravedad de la situación y ante el requerimiento de varios aspirantes de este proceso selectivo".

DENUNCIA

En la denuncia presentada ante Fiscalía, que recoge Europa Press, la junta de personal habla de la actuación "obstructiva e ilegal de la Xunta en la ejecución de la sentencia", además de su "vulneración premeditada".

En consecuencia, solicita iniciar "la correspondiente investigación" y realizar "cuantas actuaciones sean necesarias" con el fin de que se incoe el procedimiento penal para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades.