La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Mercedes Bermúdez, ha recordado este jueves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) que deben "garantizar que se cumplan las medidas de alejamiento dictadas en la sentencia" contra un empleado municipal, condenado por violencia de género, para que éste no se acerque a su víctima, otra trabajadora del Consistorio egabrense.

En declaraciones a Europa Press, Bermúdez ha reaccionado así ante la denuncia pública que hizo este miércoles una empleada del Ayuntamiento de Cabra, en cuanto a que dicho consistorio no evita que se le acerque su expareja, otro trabajador municipal, a pesar de que el mismo está condenado por sentencia firme a no acercarse a ella a menos de 250 metros, tras haberla amenazado y vejado.

Ante esto, Bermúdez ha subrayado que, "desde el IAM recordamos que, ante cualquier condena y orden de alejamiento, las Fuerzas de Seguridad deben velar por el estricto cumplimiento de la misma", porque "la prioridad siempre es dar la máxima protección y seguridad de las víctimas de violencia de género", y "las Fuerzas de Seguridad son las responsables de velar por dicho cumplimiento", según ha insistido.

En cuanto al caso concreto, Bermúdez ha señalado que, "según la información que se nos han facilitado desde el Ayuntamiento de Cabra, se han seguido los protocolos de seguridad" y, "al parecer, la Alcaldía se ha puesto en contacto con la Unidad de Violencia de Género de la Policía Nacional y se han seguido escrupulosamente las recomendaciones de la Policía".

Por último, Bermúdez ha aclarado que en el IAM "no tenemos competencias en esta materia, más allá de interesarnos por el caso y recordar a las Fuerzas de Seguridad y al Ayuntamiento, por ser éste último el lugar de trabajo de la víctima y el agresor, que garanticen que se cumplan las medidas de alejamiento dictadas en la sentencia".

El caso

Según explicó ya a Europa Press la víctima, María Dolores Rosa, fue en 2012 cuando su maltratador, Jorge Rada, trabajador de la Delegación de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento, fue condenado por primera vez, como autor de una falta de vejaciones contra ella, a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 100 metros, lo cual incumplió, pues acudió al mismo edificio municipal (Casa de la Cultura) donde ella trabajaba y le envió mensajes a su móvil llamándola 'puta' y también asegurando que iba a ir a por ella, resultado que este segundo mensaje llegó al móvil de la víctima cuando estaba denunciando estos hechos en la Comisaría de la Policía Nacional.

Como resultado de ello, el empleado municipal fue de nuevo condenado, en septiembre de 2014, y en este caso admitiendo él mismo los cargos y dando su conformidad a la sentencia, consultada por Europa Press, y que le impuso una pena de nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena, además de una pena de seis meses de prisión y prohibición de acercarse a menos de 250 metros de la víctima, bajo cualquier circunstancia, a lo largo de dos años y seis meses, por un delito de amenazas leves.

Sin embargo y dado que su expareja ha seguido incumpliendo durante su actividad laboral con la citada prohibición de acercarse, María Dolores Rosa, que fue candidata de IU en las pasadas municipales en Cabra, remitió en febrero de este año un escrito al alcalde del muncipio, Fernando Priego (PP), informándole de tal situación y de que ello suponía el incumplimiento de una sentencia judicial firme.

Postura del ayuntamiento

La respuesta del Ayuntamiento a la trabajadora municipal, a la que ha accedido Europa Press, indica que el Consistorio, desde que tuvo conocimiento de la citada sentencia, la comunicó al encargado del servicio del que depende el condenado, con el fin de "evitar que el trabajador Jorge Rada realice trabajos en solitario, estando siempre acompañado por otro compañero", con orden expresa de "evitar realizar trabajos por parte de Jorge Rada en las dependencias municipales" donde trabaja la víctima".

También, según recoge la respuesta del Ayuntamiento, se mantuvo una "conversación con el inspector jefe de la Comisaria de Policía Nacional de Lucena-Cabra sobre la sentencia y las medidas que debía adoptar este Ayuntamiento" e igualmente "con la Unidad de Violencia de Genero de la Policía Nacional sobre la sentencia y las medidas que debía adoptar este ayuntamiento y actuar en consecuencia".

Como consecuencia de ello, por el Consistorio se dispuso la "adopción de todas las medidas que se nos aconsejaron desde el Cuerpo Nacional de Policía", incluyendo el "dar instrucciones a la Policía Local para el control de este trabajador durante sus horas de servicio", además de "dar instrucciones precisas de todo lo anterior al encargado del servicio", ofreciéndose, por último a la víctima, para hacerle cualquier aclaración que precisara.