La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María Jose Asensio, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que investiga el concurso internacional minero de Aznalcóllar (Sevilla), donde Asensio muestra toda la colaboración de la Junta en el procedimiento pero ruega que las aclaraciones que la juez quiera pedir a los funcionarios no se produzcan "mediante una detención policial" por considerarlo "contrario a sus derechos como ciudadanos".

En dicho escrito además Asensio le pide a la juez que remita a la Junta "toda la información de que dispone sobre las entidades afectadas por la adjudicación y la aceptación de ésta, en cuanto dicha documentación pueda afectar a la esfera de sus competencias propias de la Administración minera".

Según dicho escrito, Asensio efectúa esta petición "de conformidad con los naturales principios de colaboración entre tribunales y Administración".

Asimismo, le solicita a la juez que las peticiones de aclaración de los criterios técnicos emitidos por los funcionarios en el ejercicio de sus competencias, de modo "libre e independiente", no se produzcan "mediante una detención policial", por considerarse "contrario a su derecho como ciudadanos" y en todo caso "una perturbación grave en el ejercicio de sus funciones públicas, menoscabando la protección y promoción de los intereses generales".

Asensio le pide que considere aportado el informe que le remite "expresivo del criterio actual de la Administración minera, sujeto a revisión ante la jurisdicción contencioso administrativa".

En esta documentación, Asensio queda a disposición del juzgado "para emitir "informe preciso sobre todas y cada una de las cuestiones técnicas suscitadas o que pueda plantearles, realizando las aclaraciones, correcciones y aportaciones necesarias".

En dicho escrito, la directora general remite un informe de su Dirección General sobre la aceptación del resultado del concurso internacional para la explotación de la mina y además aporta un anexo referido a otros antecedentes y aclaraciones de acuerdo con el objeto de la instrucción judicial "y para colaborar con la misma".

En dicho escrito hace un relato de todos los antecedentes de dicho concurso, de la trayectoria jurídica del proceso, explica el criterio seguido por la Administración en dicha adjudicación y aclara la situación de la sociedad licitadora y adjudicataria donde la manera de proceder de la Administración minera en este supuesto "cuadra bien con lo recomendado por parte de los órganos especializados en licitaciones públicas".

Alude además a la entidad aceptante, donde apunta al juzgado la posibilidad de que "sea una sociedad de propósito específico, con personalidad jurídica diferente a la de licitadores y adjudicatarios, la que lleve a cabo la aceptación de la adjudicación de derechos mineros en concursos convocados por autoridades mineras", algo que "constituye una alternativa contemplada con naturalidad en el contexto español, tanto en el ámbito minero como en otros relacionados con grandes proyectos de infraestructuras públicas".

Según informa este jueves 'El Mundo', en este documento la Administración andaluza vuelve a defender la legalidad de todo el procedimiento administrativo iniciado en 2014 y que derivó en la resolución del 25 de febrero pasado, por la que se adjudicaban los derechos mineros de Aznalcóllar a México-Minorbis. Asensio insiste en la transparencia del concurso y que se hizo todo correctamente y bajo el amparo de la legalidad vigente.