La Unión Europea (UE) desde este miércoles forma parte de manera oficial de la convención internacional para la protección de especies amenazadas. La Comisión Europea, que desde 2014 prepara este plan de acción, expresó en un comunicado su satisfacción ante la ratificación de la llamada Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

"Las drogas, las armas, la trata de personas y el tráfico de vida silvestre utilizan las mismas redes ilegales", afirmó el comisario europeo de Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella. "Unirse a la Convención CITES es un gran paso en la preparación de nuestro plan de acción para reforzar la lucha contra el tráfico de vida silvestre", añadió.

La Convención tiene como finalidad velar para que el comercio internacional de más de 35.000 especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Además de proteger especies exóticas, ampara especies europeas como osos, lobos, águilas y linces.

"Más de 20.000 elefantes y 1.200 rinocerontes fueron eliminados en 2014 y, después de años de recuperación, sus poblaciones están una vez más en declive", alertó la Comisión Europea.

El tráfico de vida silvestre se ha convertido en una importante fuente de financiación para la delincuencia organizada trasnacional, según el Ejecutivo de la UE. Además es el cuarto negocio ilegal más importante del mundo, después de las drogas, las armas y la trata de personas.

La Comisión recordó que especies como tiburones, tigres, grandes simios, tortugas y el coral, además de distintos tipos de maderas exóticas, son objeto de comercio ilegal para satisfacer una demanda que cada vez aumenta más a nivel mundial.

Organismos internacionales como Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC) colaboran con la Convención y han intensificado su compromiso contra la delincuencia organizada trasnacional en este campo.

Con la Unión Europea, son 181 las partes que han ratificado y son miembros de pleno derecho de la Convención. España la ratificó, a través del Instrumento de Adhesión, en mayo de 1986.