El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio y que modifica unos 250 artículos "no está generando ninguna dificultad en su aplicación", aunque ha admitido que cualquier reforma implica "un ejercicio de actualización y un ejercicio de cambio".

Catalá, que ha clausurado la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Jaén, ha señalado que el nuevo Código Penal "incorpora un escenario nuevo de protección a las víctimas, a los menores, a los ganaderos, a los agricultores y a muchos colectivos que nos habían planteado que sentían insuficientemente defendidos ante la delincuencia reiterada".

Para el ministro, "no hay cambios extraordinarios", sino que lo que hay "es una mayor sensibilidad ante determinados tipos de delitos" y el hecho de que se incrementan las penas. Asimismo, ha destacado que la supresión de las faltas, que dejan de tener relevancia penal para tratarse en el ámbito administrativo, significa una menor carga de trabajo para jueces y los fiscales, lo que les va a permitir que "puedan dedicarse a los asuntos más complejos".

Catalá ha hecho una mención especial a la reforma del Código Penal y a la inclusión en ella de la prisión permanente revisable, una medida sobre la que ha incidido en "su plena constitucionalidad" y ha recordado que en su tramitación contó con el respaldo de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Asimismo ha señalado que se trata de "una pena habitual en el derecho comparado y que es perfectamente homologable a las normas que rigen en países de nuestro entorno".

Ha destacado que uno de los objetivos de su visita a Jaén es compartir con la comunidad jurídica de la provincia los proyectos que se están llevando a cabo desde el Ministerio de reforma de la justicia tanto en materia procesal como en materia organizativa. En este aspecto, ha hecho referencia a la aprobación definitiva este miércoles en el Congreso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También ha hecho alusión a Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en el Senado, o la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. "Son muchas reformas, todas ellas para mejorar la Justicia" y llevadas a cabo con "participación y diálogo".

Ha admitido que no son reformas con "impacto inmediato", pero sí que permitirán a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia y de los jueces decanos, "distribuir mejor las cargas de trabajo para que la justicia sea más ágil". También ha reiterado la apuesta por mantener la estructura de la planta judicial actual,

manteniendo los partidos judiciales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha clausurado la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Jaén, última promoción antes de la aplicación de la nueva Ley de Acceso a las profesiones de abogado y procurador. A partir del curso que viene, además del grado en Derecho, los aspirantes al ejercicio de la abogacía y la procura deberán cursar un máster y superar una prueba como requisitos previos a su colegiación.

Catalá ha destacado la labor "pionera" de la abogacía al detectar la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico con la realidad social a la que están directamente conectados. También, ha dicho el ministro, son "pieza fundamental" en el nuevo modelo de Administración de Justicia digital y que exigirá, entre otras medidas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, la comunicación por medios electrónicos entre todos los operadores jurídicos a partir del próximo 1 de enero de 2016.

Entre las medidas para mejorar la accesibilidad de todos los ciudadanos a la Justicia, Catalá ha destacado la derogación de las tasas, el mantenimiento de los partidos judiciales y algunas medidas derivadas de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, como la reducción de los tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales, la especialización de órganos judiciales y la ampliación del recurso de casación.

La Ley de Enjuiciamiento Civil aportará, según ha explicado el ministro, la simplificación de las notificaciones judiciales, la reforma de los procesos monitorios y la contestación escrita a la demanda en los juicios verbales.

El establecimiento de plazos fijos de instrucción, la reforma de las reglas de conexidad y la supresión del término 'imputado' son algunas de las aportaciones de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, regula las medidas de investigación tecnológica, generaliza la segunda instancia penal y crea un cauce procesal para la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La aprobación de la Ley de Mediación y la Ley de Jurisdicción Voluntaria son dos iniciativas que permitirán, según ha explicado Catalá, que el juez se centre en la función que le corresponde en exclusiva, la jurisdiccional.

Previamente a la clausura de este curso, Rafael Catalá se ha reunido con la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Jaén, encuentro al que han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; el decano del Colegio de Abogados, Vicente Oya; el director de la Escuela de Práctica Jurídica, Juan Antonio Gutiérrez; y el resto de los miembros de la Junta de Gobierno.