El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del 13 de febrero de 2014 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a diez personas detenidas, en el marco de la conocida como 'operación Cris-PIN', por delitos de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La Sala Segunda de lo Penal del TS ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestimado los recursos de casación interpuestos por cinco de los condenados, a quienes la Audiencia impuso penas que oscilan entre los dos y los 13 años de cárcel.

Considera la Sala que se concertaron para obtener un beneficio ilícito a costa de compañías de teléfono desde 2008 hasta 2010, cuando la organización fue desmantelada por la Policía. Según concreta, los condenados causaron un perjuicio económico a Orange de 562.172 euros, y a Vodafone de 356.089 euros.

La investigación

Según explicó la Policía cuando la organización fue desarticulada en 2010, los detenidos utilizaron un ingenioso método para estafar a compañías y a particulares de todo el país. Entre el material intervenido había más de 100 teléfonos móviles de última generación, 220 tarjetas SIM, teléfonos fijos, 20 soportes de tarjeta, siete ordenadores portátiles y 13 discos duros.

La investigación se inició a finales de 2008 a raíz de la denuncia presentada por una persona que aseguraba haber sido estafada por el que resultó ser el cabecilla de la organización, Cristian U.B. —de 25 años en aquel entonces—, con el que mantenía una relación laboral.

La organización adquiría tarjetas telefónicas prepago, la gran mayoría eran de segunda mano y procedentes de un mercado negro. Luego, gracias a "actividades de ingeniería social" y a los conocimientos del cabecilla, que había trabajado como comercial en distintas compañías de telefonía, lograba acceder a bases de datos de diferentes operadoras telefónicas para convertir dichas líneas prepago en contratos sin límite de uso.

Así, iniciaron un "uso masivo" de estas tarjetas con números de sobretarificación, principalmente líneas 803 y 806, que tienen un coste aproximado de 1,20 euros el minuto y de las que eran titulares miembros de la organización. La Policía significó que quienes ofrecen el servicio reciben alrededor de un 75 por ciento de las llamadas.

De este modo, organizaron "auténticos locutorios" para realizar llamadas a estos números de entre 15 y 30 minutos, el máximo permitido por la ley.

Los principales afectados son compañías telefónicas como Vodafone o Movistar, que no tuvieron conocimiento de la estafa hasta que fueron advertidas por la Policía. Posteriormente, en las denuncias que presentaron cifraron en unos 600.000 euros la cantidad que se les ha estafado desde la fecha investigada y en unas 600 las líneas telefónicas fraudulentas.

La mayoría de estas líneas se contrataban con identidades falsas, aunque también utilizaron filiaciones reales, habiendo perjudicados en toda España que denunciaron haber recibido facturas telefónicas a su cargo por importes que alcanzan los 5.000 euros.