El Juzgado de lo Social número 12 de Málaga ha suspendido de nuevo el juicio por la conversión de contratos eventuales a fijos a jornada completa de 42 trabajadores de la empresa de limpieza Limasa de la capital en el Centro Ambiental de Los Ruices (CAM). Se ha aplazado para informar y citar al fiscal en este procedimiento, ya que se alega en la demanda presentada por los sindicatos vulneración de un derecho fundamental por discriminación del colectivo de mujeres.

Esta suspensión se ha producido tras iniciarse la vista oral y exponer los representantes de los trabajadores sus argumentos para pedir que estos 42 empleados que pasaron de ser eventuales a fijos tengan jornada completa de 35 horas semanales de trabajo y no 21 horas como tienen hasta el momento. También ha manifestado su posición la empresa, realizando una serie de alegaciones previas con las que se opone a la demanda, que pide que sea desestimada.

Tras esto, se ha decidido la suspensión, ya que en la demanda se alega discriminación, puesto que en los 42 trabajadores perjudicados está "todo el colectivo de mujeres", que, además, forman parte de un programa social de integración en el mercado laboral. En este sentido, la jueza ha explicado a los empleados que al estar afectado un derecho fundamental se le tiene que dar traslado y citar al ministerio fiscal para evitar posibles futuras nulidades.

Tras varias deliberaciones por parte de los representantes legales de los trabajadores por si se modificaba el texto de la demanda en lo referente a la discriminación, se ha decidido seguir adelante con la misma, por lo que se ha suspendido la vista oral. Ante las peticiones de los empleados de que el próximo juicio fuera lo más pronto posible, por la mala situación económica que están pasando, la magistrada ha indicado que se intentará hacer antes de diciembre.

Los abogados de los sindicatos han pedido en sus exposiciones de este miércoles contratos de jornada completa para estos 42 trabajadores, al igual que tienen los otros 31 que pasaron de eventuales a fijos una vez el comité de empresa denunció ante la Inspección de Trabajo que estos empleados venían encadenando desde hacía años varios contratos temporales.

Los letrados han explicado que la empresa "de mala fe" hizo una conversión limitada en cuanto a la efectividad, ofreciendo, antes del dictamen de la Inspección de Trabajo, contratos indefinidos pero con reducciones sucesivas en 2013 y 2014 de las horas respecto a 42 trabajadores, que primero pasaron a 28 horas semanales y luego a 21, lo que supone sólo tres días a la semana.

Asimismo, en la demanda se indica que la firma de esos contratos se ponía por parte de la empresa "como condición" para seguir prestando el servicio. Este epígrafe del documento será aclarado de cara al próximo juicio, después de que el abogado de Limasa haya alegado "indefensión" al hablar ahora los abogados de "coacciones" o "mala fe" a la hora de firmar los contratos y no venir especificado en la demanda.

Esta parte también ha alegado que el procedimiento no se debió iniciar por conflicto colectivo, puesto que no todos los trabajadores tienen las mismas características; considerando que debería ser un conflicto plural, es decir, la acumulación de demandas individuales. También ha expuesto que los sindicatos han desistido en el ámbito administrativo de algunas de las cuestiones que traen con la demanda a la vía judicial.