El equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) "estudiará" la petición de la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) de la creación de una comisión de investigación sobre la finca de 'La Carmencita' pero subraya que "lo que preocupa" es la decisión que debe tomar el Consistorio sobre la sentencia que le condena a pagar 3,9 millones a la promotora que les cedió la finca.

A preguntas de los periodistas, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, ha explicado que se está "a la espera" de lo que digan los técnicos municipales sobre la sentencia, la cual siguen estudiando.

Ha señalado que, cuando estén listos los informes de los técnicos sobre la sentencia, "se tomará la mejor decisión para los intereses municipales".

En sentencia del 23 de junio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander condenó al Ayuntamiento de Torrelavega a indemnizar a la promotora Terrenos Adarzo SL con casi 3,9 millones, más los intereses desde finales de 2013 a la actualidad, por incumplimiento de un convenio suscrito en 2003 que permitió la cesión de la finca de la Carmencita al Consistorio.

La sentencia estimó en parte un recurso contencioso-administrativo presentado en 2013 por la promotora contra el Ayuntamiento por una resolución adoptada sobre la reclamación de la indemnización formulada por la empresa.

La promotora reclamaba esta indemnización al considerar que el Ayuntamiento había incumplido el convenio suscrito, entonces, diez años atrás por el que Terrenos Adarzo cedió al Ayuntamiento la finca de La Carmencita a cambio de la reserva de unas unidades de aprovechamiento y de que el Ayuntamiento le adjudicase las parcelas edificables suficientes para materializarlas en la unidad de actuación del sector 5 del Plan General de Ordenación Urbana (Plan Parcial de Coteríos).

La promotora reclamaba la indemnización por el daño derivado del incumplimiento de este convenio y la imposibilidad de materializar los aprovechamientos que tenía en virtud del convenio, indemnización que el juzgado fija en los 3.895678 euros, que es el valor de las fincas cedidas por la promotora al Ayuntamiento, tal y como se consideraba en lo suscrito.

Además, pedía el pago de los intereses de demora desde 2003, fecha en que se firmó el convenio a la actualidad, si bien, finalmente solo tendrá que pagar desde la fecha en que la promotora recurrió a la vía administrativa.

En la sentencia, el juzgado entiende que en este caso sí hay responsabilidad patrimonial de la Administración y, contrariamente a lo que alega el Ayuntamiento, sí hay un daño efectivo e individualizado.