La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que la Junta de Andalucía consolidará mediante una nueva Ley el sistema público de servicios sociales de la ciudadanía, para avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales y garantizar el bienestar de todas las personas, toda vez que ha destacado que la apuesta por las políticas a favor de la infancia será una "prioridad absoluta" en esta nueva legislatura.

Así lo ha señalado durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento andaluz, en la que ha ofrecido al resto de partidos políticos su disposición a la colaboración "para garantizar el bienestar de todos", una comisión en la que el PP-A, por su parte, ha lamentado la "muy preocupante" situación en la que continúan los andaluces, lo que a su juicio, indica que la anterior legislatura "no ha servido para nada", ante lo que pide a Sánchez Rubio que "rectifique".

Así, la consejera ha avanzado que "se llevará a cabo una serie de normas con el objetivo de salvaguardar y ampliar el estado del bienestar de los andaluces, a través de una apuesta decidida por las políticas sociales". Sánchez Rubio ha señalado que se va a presentar en el Parlamento, además de la nueva Ley de Servicios Sociales, las leyes de Igualdad, de Violencia de Género, de Juventud, la Ley de Discapacidad, además de una ley que garantice unos ingresos mínimos para una vida digna, entre otras.

En cuanto a igualdad, reforzará todas las medidas y recursos de la Junta contra la violencia de género. Las políticas de igualdad de género, ha destacado Sánchez Rubio, serán transversales a todas las iniciativas del Gobierno andaluz, que también ha señalado que la Junta elaborará una nueva Ley contra la Violencia de Género, que creará una ventanilla única para atención a las víctimas y pondrá el foco en otras formas de violencia contra las mujeres, como la explotación sexual.

En lo que respecta a los servicios sociales, y como ya se ha avanzado, la prioridad para esta legislatura es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y posteriormente por el Parlamento de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que crea y define en su articulado un verdadero sistema público de servicios sociales, dotado de naturaleza jurídica y que fortalezca uno de los pilares básicos del estado del bienestar.

Por otra parte, 24.000 menores en situación de riesgo se beneficiaron con el primer decreto del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, un refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano, mientras que 28.600 menores se han beneficiado con el Decreto de Inclusión. En cuanto a las ayudas económicas familiares, en 2014 se beneficiaron un total de 14.898 familias y 27.526 menores, ayudas a las que la Junta ha destinado el año pasado seis millones de euros.

En relación al ámbito de las drogodependencias y adicciones, la consejera ha anunciado que "a lo largo de 2015 aprobaremos el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones con vigencia hasta 2020, que será el Plan Director de las políticas en la materia y marcará las líneas programáticas".

Aumenta un 10%

El presupuesto en dependencia

En cuanto a dependencia, Sánchez Rubio ha recordado que la Junta de Andalucía se compromete a aumentar en un 10% la partida presupuestaria de la dependencia durante esta legislatura. La comunidad autónoma cuenta en la actualidad con más de 162.300 personas beneficiarias y 218.000 prestaciones. Para el presente año, Andalucía destina 1.131 millones de euros para atención a la dependencia, casi el mismo importe que el Gobierno central para toda España.

En la lucha contra la pobreza infantil, ha recordado la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, cuyas medidas quedarán incluidas en el II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía que consolidará la estrategia de lucha contra la pobreza infantil en un marco que propicie un desarrollo pleno, seguro y en libertad para todos los menores.

UN 17%

Menos de desamparos

Además, con respecto a las medidas preventivas, ha destacado los 143 Equipos de Tratamiento Familiar, que cuentan con 550 profesionales. Estos equipos han contribuido a reducir el número de desamparos de menores en un 17 por ciento en Andalucía.

En cuanto a pensiones, ha destacado su compromiso con estas pensiones y con estas personas, "complementando dentro de nuestras posibilidades sus ingresos, aumentando su poder adquisitivo", señala, mientras que en discapacidad ha avanzado que el Gobierno andaluz está trabajando en una Ley de Atención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Andalucía.

Por su parte, y al hilo de lo ya señalado, la portavoz popular Ana Vanessa García critica que en la legislatura anterior "no solo no tuvieron miramientos en aplicar recortes brutales a los mas vulnerables, sino que no existió planificación ninguna", lamenta la portavoz, que afirma que "se necesitan reformas profundas y valientes". Señala, además, que "estamos a 8 de julio y aún no ha salido la orden de subvenciones que engloba todas las ayudas que da la consejería", toda vez que lamenta que "no haya nada de nada" del decreto de inclusión social de este año, y el "retraso" en salario social.

Asimismo, defiende la apuesta por la políticas de igualdad, pero "con planificación y soporte económico", porque muchos programas del IAM "no se han ejecutado", y le pide que "se dedique en cuerpo y alma a la lucha contra la violencia de género", porque, lamenta, "todavía se está a la espera de una plan de sensibilización y prevención contra la violencia, que se anunció en 2008". Sobra la ley de sevicios sociales, asegura que el anteproyecto "tenía mucho que mejorar".

Por su parte, desde Podemos Esperanza Gómez ha señalado que las políticas de igualdad deberían ser afrontadas desde la transversalida y que sería "más útil" crear una unidad de igualdad dependiente de Presidencia. Además, no aprueba la separación de políticas sociales y salud, porque "se ha perdido una oportunidad de abordar de manera conjunta problemas como la dependencia o las desigualdades sociales en salud". Defienden el "fomento" de medidas contra la malnutrición infantil, la puesta en marcha de un procedimiento de emergencia social y "priorizar" la asistencia a domicilio en dependencia.

Desde Ciudadanos Marta Bosquet defiende el consenso para llegar a cuerdos, al tiempo que asegura que las políticas de este nuevo Gobierno "tienen que apostar por la integración de las personas". Así, apuesta por crear un parque público de vivienda social y un fondo estructural económico para "garantizar" todas estas medidas, así como "potenciar" la figura del trabajador y asistente social, crear un observatorio social en cada provincia y crear una secretaría de la infancia.

Por su parte, la portavoz de IU Inmaculada Nieto defiende la necesidad de una consejería "específica" para igualdad, que "garantice la ejecución de políticas para erradicar patriarcado y las manifestaciones de sexismo", así como medidas de inserción y generación de empleo "de mayor utilidad". En cuanto a políticas sociales, "hay que garantizar el sistema público como referente para la inclusión social" y señala que el modelo vigente "es excesivamente asistencial".

Por último, la portavoz socialista Soledad Pérez señala que echa de menos una reforma de la Constitución que "le dé el sitio necesario a los derechos sociales", y ve necesaria la nueva ley de servicios sociales, "sin olvidar el marco nacional en el que nos movemos". "Nos gustaría no encontrarnos solos en una área tan importante", afirma, y critica, en este sentido, "la distribución financiera cicatera con Andalucía" por parte del Gobierno central.