El sindicato ELA ha instado a los gobiernos de Euskadi y Navarra, así como a los ayuntamientos de estas dos comunidades, que no apliquen la nueva Ley de Seguridad Ciudadana porque pretende "acallar y criminalizar la protesta social".

En un comunicado, la central vasca ha denunciado que la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el pasado día 1, "tiene una intencionalidad: eliminar y criminalizar la protesta social para, imponiendo el miedo, facilitar la aplicación de las políticas de derechas que deciden los gobiernos".

De este modo, ha censurado que, "bajo el pretexto de la 'seguridad ciudadana', el PP ha aprobado, con la oposición de resto de grupos parlamentarios, una ley de fuerte sesgo autoritario y represivo, con una clara restricción de derechos y libertades fundamentales como los de reunión y manifestación, así como contra los derechos de libertad sindical y huelga".

"Al PP le estorban todos los métodos de protesta pacífica, y ha decidido combatirlos por la vía legal", ha advertido. Para ELA, la entrada en vigor de esta ley, unida a la reforma del Código Penal, "marca un horizonte preocupante para el ejercicio de los derechos humanos y la calidad democrática".

En este sentido, ha planteado que las "duras" sanciones económicas previstas "actúan de manera disuasoria para los colectivos que más necesitan el espacio reivindicativo y de protesta".

De este modo, ha denunciado que es "una ley clasista, hecha para proteger al poder económico y al político que dócilmente le obedece" ya que, según ha asegurado, "no encontraremos, en las leyes actuales, el mismo grado de coerción y represión cuando los delitos son protagonizados por el mundo económico o se trata de corrupción política".

Entre otros aspectos, ha censurado que la nueva ley "amplía los poderes de la policía, reforzando su capacidad de control y coerción sobre las personas en los supuestos en los que 'estime' puedan alterar el orden público". "Esta indeterminación de la ley —ha añadido— supone una gran margen de discrecionalidad en la actuación policial, lo que sin duda aumenta el riesgo de arbitrariedad".

También ha señalado que la nueva normativa aumenta "considerablemente" las acciones que se pueden calificar como infracciones administrativas sancionables y las multas, que "podrán ir de 100 a 600 euros, por ocupar o reunirse en la vía pública o un edificio ajeno, de 601 a 30.000 euros por impedir un desahucio, formar piquetes informativos o difundir imágenes de la policía, de 30.001 a 600.000 euros, por reuniones o manifestaciones en infraestructuras de servicios básicos".

ELA ha indicado, por otra parte, que la nueva ley incorpora como infracciones administrativas "la mayoría de las faltas penales que han desaparecido del Código Penal", tras la última reforma, de manera que "lo que antes estaba controlado por un juez pasa a manos de la Administración, que podrá imponer directamente sanciones sin control judicial, tomando como base un simple atestado policial".

"Para recurrir esas multas hay que acudir a la vía contencioso administrativa, pagar gastos de abogados, procuradores, tasas... Todo con el objeto de aumentar la indefensión de la ciudadanía", ha lamentado.

Asimismo, ha remarcado que la normativa se "ceba" con los derechos de las personas en situación de exclusión social y con las personas migrantes. En este sentido, ha considerado que "una de sus mayores atrocidades es la legalización de las 'devoluciones en caliente' y la defensa de la actuación policial en las fronteras del Estado, mediante la inclusión de una disposición específica para Ceuta y Melilla".

Según ha indicado, se posibilita "las expulsiones de los migrantes de forma automática y sin garantías" en las dos ciudades autónomas, lo que "lesiona flagrantemente el derecho comunitario, así como los tratados y convenios internacionales".

No admitir "injerencias"

En este contexto, ELA ha realizado un llamamiento a los gobiernos de Euskadi y Navarra, así como a los ayuntamientos de ambas comunidades, para que, "siendo consecuentes con el voto en contra de la Ley en el Parlamento español de los distintos partidos políticos a los que pertenecen, no apliquen esta legislación".

El sindicato ha exigido a las administraciones vascas que no admitan "injerencias" y que defiendan "el papel que deben desempeñar quienes tienen encomendadas funciones de autoridad pública al servicio de una sociedad más justa e igualitaria".

Asimismo, ha propuesto la formación de los agentes que forman parte de los cuerpos policiales en materia de libertades públicas y derechos fundamentales, así como el establecimiento de protocolos de intervención que "acoten al máximo la discrecionalidad" en la actuación policial.

ELA ha solicitado a los grupos políticos que incluyan dentro de su programa político como "una prioridad" la derogación de esta ley, y que pongan en marcha "todas las actuaciones que estén en su mano para dejarla sin efecto".

Finalmente, ha criticado que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no haya respondido a una solicitud de reunión que ha solicitado para abordar "la gravedad de la ley".