Simón Galmés, empresario acusado en el marco de la causa centrada en un presunto desvío de más de 575.000 euros públicos a través de la compra de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos que nunca se llevaron a cabo, ha defendido la legalidad de los pagos que recibió de la institución por varios de estos encargos y que ascienden a unos 545.000 euros.

Durante su declaración en el jucio por esta causa, que ha arrancado este lunes y continuará el próximo día 16, Galmés ha manifestado que su empresa, Ses Nostres Eines estaba "más que capacitada" para desarrollar las actividades para las que resultó adjudicataria, al tiempo que ha justificado la elevada cantidad de dinero que percibió ante los numerosos gastos a los que tuvo que hacer frente para cumplir los encargos.

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